El Ministerio de Educación investigará la actuación de las autoridades del Normal 1, establecimiento en el que se registró el caso del alumno que fue enjuiciado por una profesora luego de que pidiera cambio del tribunal que lo iba a examinar. “Creo que hay un problema institucional. No hubo una buena intervención de la escuela”, admitió Humberto Cancela, delegado de la región VI del Ministerio, quien explicó en De12a14 que ya pidió al supervisor del colegio que analice en detalle lo sucedido. “Que yo recuerde es el primer caso de un profesor que denuncia a un alumno que ha hecho un reclamo. No sé por qué se ha sentido de esta manera la profesora, qué la mueve a hacer eso”, sostuvo el funcionario
Juan Pablo Calandria terminó el año pasado de cursar tercero polimodal en el Normal 1. Aunque era buen alumno, le quedó una materia pendiente: Matemática Aplicada. Igual se anotó en la Facultad de Comunicación Social de la UNR y se preparó para tomar el examen. Se presentó en las mesas de diciembre, febrero y marzo, pero no aprobó en ninguna de las tres oportunidades. Al entender que la docente no actuaba de buena fe, le mandó una carta a las autoridades del establecimiento educativo en la que les pedía una instancia de recuperación y el cambio de tribunal.
La respuesta que le llegó cinco días más tarde no fue la más habitual. No lo citaron del colegio para una reunión entre partes, ni lo convocaron para que diera explicaciones. Le llegó una carta de la maestra en la que se le pedía que se retractara ante la amenaza de iniciarle juicio penal y civil por injurias. Aún estando procesado, el estudiante –quien quedó fuera de la universidad al no otorgársele mesa especial– rindió dos veces más con la docente que lo había enjuiciado al frente del tribunal. Recién aprobó el 14 de septiembre de este año, tras pedir la intervención en el caso del Ministerio de Educación.
En la carta enviada en abril a la rectora del Normal 1, María Carrillo, Juan Pablo explicaba que creía que a la profesora de Matemática Aplicada le faltaban “honestidad y ética”. Y argumentaba: “En mi caso personal puedo dar fe de las gruesas faltas de la profesora, que van del maltrato de alumnos en general hasta la discriminación de algunos de ellos por causas personales”. Según el estudiante, la docente tenía “preferencia con algunos y una inexplicable intolerancia para con otros”. Él creía encontrarse entre los del segundo grupo.
“Nunca he dado razón a ninguna profesora de que levante a alguna queja”, señalaba el adolescente en su carta, quien pedía a las autoridades que revisaran su legajo, para luego explicar: “Ya me he presentado a rendir en tres oportunidades y no he logrado aprobar la materia. Sé que el hecho de no aprobar no significa nada, pero que le de más oportunidades a un alumno que a otros es prueba concreta de diferencias que hace respecto a sus alumnos”. Al final de la misiva se planteaban dos pedidos: que se armara una mesa especial, para que él pudiera tener una chance de aprobar y no quedara fuera de la carrera universitaria que estaba cursando, y además se reclamaba un cambio de tribunal.
La respuesta de Ana María Degano, profesora de Matemática Aplicada de la institución, fue enviarle al chico una carta en la que lo amenazaba con llevar el caso a la Justicia si no se retractaba. Poco después, la docente inició una causa penal por injurias, figura por la que está prevista una pena de prisión de un mes a un año, y otra civil, en la que pide al chico y sus padres un resarcimiento de 5 mil pesos.
Las autoridades de la institución, por otra parte, no aceptaron el pedido del alumno para mesa especial ni tampoco para cambio de tribunal. Como consecuencia, Juan Pablo quedó fuera de la universidad y volvió a rendir en julio, con la misma profesora, la que lo había enjuiciado, quien lo volvió a bochar. Pero intentó de nuevo en septiembre, en esta oportunidad también con la misma profesora en el tribunal, pero tras pedir la intervención del Ministerio de Educación. Entonces sí aprobó el examen.
Buenas noticias para Juan Pablo. Sólo que ahora debe presentarse el 26 de septiembre ante otro tribunal, el judicial.
