Un hervidero. Así era la situación este viernes en el Normal 1, que, en rigor, ingresó en estado de convulsión desde el mismo momento en que se conoció la noticia –que fue adelanto de Radio 2 el miércoles a la tarde– de que una de sus profesoras le inició una demanda y solicitó un resarcimiento de cinco mil pesos a un estudiante que había hecho un reclamo por escrito porque lo reprobó en repetidas oportunidades. Fueron muchos los alumnos y padres que denunciaron situaciones similares (ver Correo de Lectores). Mientras, un grupo de chicos se movilizó al mediodía frente a la escuela, en la plaza Sarmiento, en solidaridad con Juan Pablo Calandria, y los cursos de los últimos años de la EGB se negaron a dar clases en el turno tarde, y permanecieron en el patio de la institución, para exigir el alejamiento de la docents cuestionada. Mientras, a la investigación sobre la actuación de las autoridades del colegio que inició el Ministerio de Educación, se agregó la intervención en el caso de la Defensoría del Pueblo de la provincia.
No, de acuerdo a los relatos, se ve que no sólo Juan Pablo –quien por los bochazos en Matemática Aplicada que recibió de parte de la profesora Ana María Degano no pudo empezar la facultad– fue reprobado “arbitrariamente” por la polémica profesora. Fueron varios los padres y alumnos que denunciaron situaciones similares.
El malestar que hay en la comunidad educativa se tradujo en una movilización en la que varios chicos se quejaron de que “hay profesores con los que no se puede hablar” y si protestás “te mandan a ya sabés dónde”.
Consultados sobre por qué no planteaban la situación a las autoridades del establecimiento, ironizaron: “Porque ahora nos van a demandar por diez mil pesos”.
Justamente a la conducción de la escuela recurrió Juan Pablo, cuando, cansado de los bochazos que consideraba arbitrarios por parte de Degano, denunció la situación por nota y pidió que le cambiaran la mesa de examen. La respuesta que le llegó cinco días más tarde no fue la más habitual. No lo citaron del colegio para una reunión entre partes, ni lo convocaron para que diera explicaciones. Le llegó una carta de la maestra en la que se le pedía que se retractara ante la amenaza de iniciarle juicio penal y civil por injurias. Aún estando procesado, el estudiante –quien quedó fuera de la universidad al no otorgársele mesa especial– rindió dos veces más con la docente que lo había enjuiciado al frente del tribunal. Recién aprobó el 14 de septiembre de este año, tras pedir la intervención en el caso del Ministerio de Educación.
En la carta enviada en abril a la rectora del Normal 1, María Carrillo, Juan Pablo explicaba que creía que a la profesora de Matemática Aplicada le faltaban “honestidad y ética”. Y argumentaba: “En mi caso personal puedo dar fe de las gruesas faltas de la profesora, que van del maltrato de alumnos en general hasta la discriminación de algunos de ellos por causas personales”. Según el estudiante, la docente tenía “preferencia con algunos y una inexplicable intolerancia para con otros”. Él creía encontrarse entre los del segundo grupo.
“Nunca he dado razón a ninguna profesora de que levante a alguna queja”, señalaba el adolescente en su carta, quien pedía a las autoridades que revisaran su legajo, para luego explicar: “Ya me he presentado a rendir en tres oportunidades y no he logrado aprobar la materia. Sé que el hecho de no aprobar no significa nada, pero que le de más oportunidades a un alumno que a otros es prueba concreta de diferencias que hace respecto a sus alumnos”. Al final de la misiva se planteaban dos pedidos: que se armara una mesa especial, para que él pudiera tener una chance de aprobar y no quedara fuera de la carrera universitaria que estaba cursando, y además se reclamaba un cambio de tribunal.
La respuesta de Ana María Degano, profesora de Matemática Aplicada de la institución, fue enviarle al chico una carta en la que lo amenazaba con llevar el caso a la Justicia si no se retractaba. Poco después, la docente inició una causa penal por injurias, figura por la que está prevista una pena de prisión de un mes a un año, y otra civil, en la que pide al chico y sus padres un resarcimiento de 5 mil pesos.
Las autoridades de la institución, por otra parte, no aceptaron el pedido del alumno para mesa especial ni tampoco para cambio de tribunal. Como consecuencia, Juan Pablo quedó fuera de la universidad y volvió a rendir en julio, con la misma profesora, la que lo había enjuiciado, quien lo volvió a bochar. Pero intentó de nuevo en septiembre, en esta oportunidad también con la misma profesora en el tribunal, pero tras pedir la intervención del Ministerio de Educación. Entonces sí aprobó el examen.
No, de acuerdo a los relatos, se ve que no sólo Juan Pablo –quien por los bochazos en Matemática Aplicada que recibió de parte de la profesora Ana María Degano no pudo empezar la facultad– fue reprobado “arbitrariamente” por la polémica profesora. Fueron varios los padres y alumnos que denunciaron situaciones similares.
El malestar que hay en la comunidad educativa se tradujo en una movilización en la que varios chicos se quejaron de que “hay profesores con los que no se puede hablar” y si protestás “te mandan a ya sabés dónde”.
Consultados sobre por qué no planteaban la situación a las autoridades del establecimiento, ironizaron: “Porque ahora nos van a demandar por diez mil pesos”.
Justamente a la conducción de la escuela recurrió Juan Pablo, cuando, cansado de los bochazos que consideraba arbitrarios por parte de Degano, denunció la situación por nota y pidió que le cambiaran la mesa de examen. La respuesta que le llegó cinco días más tarde no fue la más habitual. No lo citaron del colegio para una reunión entre partes, ni lo convocaron para que diera explicaciones. Le llegó una carta de la maestra en la que se le pedía que se retractara ante la amenaza de iniciarle juicio penal y civil por injurias. Aún estando procesado, el estudiante –quien quedó fuera de la universidad al no otorgársele mesa especial– rindió dos veces más con la docente que lo había enjuiciado al frente del tribunal. Recién aprobó el 14 de septiembre de este año, tras pedir la intervención en el caso del Ministerio de Educación.
En la carta enviada en abril a la rectora del Normal 1, María Carrillo, Juan Pablo explicaba que creía que a la profesora de Matemática Aplicada le faltaban “honestidad y ética”. Y argumentaba: “En mi caso personal puedo dar fe de las gruesas faltas de la profesora, que van del maltrato de alumnos en general hasta la discriminación de algunos de ellos por causas personales”. Según el estudiante, la docente tenía “preferencia con algunos y una inexplicable intolerancia para con otros”. Él creía encontrarse entre los del segundo grupo.
“Nunca he dado razón a ninguna profesora de que levante a alguna queja”, señalaba el adolescente en su carta, quien pedía a las autoridades que revisaran su legajo, para luego explicar: “Ya me he presentado a rendir en tres oportunidades y no he logrado aprobar la materia. Sé que el hecho de no aprobar no significa nada, pero que le de más oportunidades a un alumno que a otros es prueba concreta de diferencias que hace respecto a sus alumnos”. Al final de la misiva se planteaban dos pedidos: que se armara una mesa especial, para que él pudiera tener una chance de aprobar y no quedara fuera de la carrera universitaria que estaba cursando, y además se reclamaba un cambio de tribunal.
La respuesta de Ana María Degano, profesora de Matemática Aplicada de la institución, fue enviarle al chico una carta en la que lo amenazaba con llevar el caso a la Justicia si no se retractaba. Poco después, la docente inició una causa penal por injurias, figura por la que está prevista una pena de prisión de un mes a un año, y otra civil, en la que pide al chico y sus padres un resarcimiento de 5 mil pesos.
Las autoridades de la institución, por otra parte, no aceptaron el pedido del alumno para mesa especial ni tampoco para cambio de tribunal. Como consecuencia, Juan Pablo quedó fuera de la universidad y volvió a rendir en julio, con la misma profesora, la que lo había enjuiciado, quien lo volvió a bochar. Pero intentó de nuevo en septiembre, en esta oportunidad también con la misma profesora en el tribunal, pero tras pedir la intervención del Ministerio de Educación. Entonces sí aprobó el examen.
