La Argentina se comprometió ayer a que el FMI analice regularmente la marcha de su economía para que ésta se ajuste a los compromisos y objetivos asumidos en el marco del G20.
Es que la presidenta Cristina Kirchner firmó la declaración de Pittsburgh a la que suscribieron los líderes del grupo que reúne 20 naciones desarrolladas y en vías de desarrollo.
Según la declaración, los ministros de Finanzas del Grupo, "con la asistencia del FMI", avanzarán en un proceso de "consultas mutuas" para la evaluación del "impacto colectivo" de sus políticas económicas sobre la economía mundial.
El gobierno resiste cualquier tipo de auditoría del FMI desde que canceló la deuda de la Argentina con el organismo, en 2005. Esto conspira contra las necesidades financieras de la Argentina y complica las negociaciones para regularizar las deudas con el Club de Paris y los bonistas en default.
Una calificada fuente de la delegación argentina consultada por Clarín admitió que la Argentina había asumido ese compromiso ante sus pares del G20, pero anticipó que "no suponía una obligación sobre la dirección de la política económica".
El texto del declaración final parece dirigido a garantizar entre los miembros del G20 comportamientos acordes con los compromisos asumidos en el marco de la crisis económica internacional. Hasta el momento, la gran preocupación de los países desarrollados ha girado en torno a las políticas proteccionistas, sobre todo por la aplicación de medidas para-arancelarias.
Sin embargo, ese compromiso podría tener una implicancia inesperada para la Argentina, que presenta un flanco muy vulnerable en materia de estadísticas.
En sus últimos dos informes sobre las perspectiva económicas mundiales, el FMI reconoció los números gubernamentales en materia de inflación, pero incluyó en un apartado la advertencia de que difería de los que presentan las mediciones privadas.
La delegación argentina abandonó Pittsburgh en momentos en que se difundía la declaración final del Grupo. No pudo saberse qué opinión de ella tenía Boudou.
