El gobierno provincial salió a enfrentar con todo las trabas que el procurador general Agustín Basso busca poner a la aplicación de la reforma del sistema judicial en Santa Fe. La suerte del cambio está ahora en manos de la Corte, que debe resolver sobre un recurso que interpuso Bassó para que se declaren inconstitucionales algunos aspectos de la reforma.
En este marco de enfrentamiento, el gobernador Hermes Binner salió a denunciar que Bassó, a quien no nombró, busca aferrarse a un "decreto/ley de facto" que le da una doble función para el incompatible: ser jefe de los fiscales y a la vez de los defensores.
"Eso es una contradicción absoluta", dijo Binner, quien explicó que con la ley de Ministerio Público que resiste Bassó se busca justamente corregir esa anormalidad.

"Sabemos por qué son esas resistencias; está negando la vigencia de la Constitución", afirmó el gobernador. Bassó, parte de la vieja corporación judicial, fue nombrado en ese cargo por la gestión de Jorge Obeid antes de dejar la Casa Gris y formó parte del grupo de funcionarios tribunalicios que antes de la asunción de Binner cantaron en una reunión la canción "Reisstiré". 

El gobernador Hermes Binner presidió en Santa Fe el acto público de sorteo de miembros titulares y suplentes del Tribunal Evaluador para intervenir en los concursos destinados a cubrir los cargos de Fiscal General, Defensor Provincial, Fiscales Regionales y Defensores Regionales.

Allí, dejó en claro que el proceso de cambio que tuvo la visagra en el caso Fraticelli debe seguir avanzando, teniendo en cuenta que “ese método inquisitivo que llevó a la cárcel seis años a un juez y su esposa entró indudablemente en conflicto con todo lo que quiere sostener esa misma forma de actuar”. 

"Estamos convencidos de que esta nueva forma va a ser altamente beneficiosa para todos los santafesinos”, enfatizó.

Más voces contra el procurador

Mientras tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Carlos Superti, y el abogado rosarino Víctor Corvalán, evaluaron la posibilidad de que la reforma del sistema judicial caiga en un futuro no muy lejano si es que se da lugar a un recurso de inconstitucionalidad planteado por Bassó, hoy por hoy la cara visible de la resistencia a los cambios que el gobierno provincial pretende introducir en el funcionamiento de la Justicia.

Según publica el protal santafesino Notife.com, Superti recordó que “cuando comenzó esta etapa democrática, con la gobernación de (Luis María) Vernet, fuimos convocados abogados para trabajar en la reforma procesal penal. Hicimos el anteproyecto y yo aproveché ahora para leer lo que habíamos escrito en esta oportunidad (en febrero de 1984) que tiene una vigencia total”.

De este modo mencionó que “si uno se pregunta por qué no hemos adecuado el sistema, siempre hablamos de las resistencias que trabaron este proceso de cambio”. Si bien no mencionó puntualmente a nadie, señaló que “las resistencias operaron todo este tiempo y siguen haciéndolo”.

El ministro acusó directamente a quienes “están tan preocupados por la constitucionalidad o no de una ley votada por unanimidad por una Legislatura democrática” y les sugirió que se detengan “a ver las otras (normas) que todavía nos acompañan”. Asimismo se refirió a las actuales figuras jurídicas encargadas de acusar, defender e integrar el tribunal de enjuiciamiento que, según rememoró, son las mismas.

“Ese es el planteo de inconstitucionalidad y eso es lo que estamos tratando de cambiar” dijo. Por otra parte informó que la semana pasada debió abocarse a recibir a una comisión de la Cancillería Argentina y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a la que debió explicarle la situación de atraso que se vive en Santa Fe, en el marco de los conflictos que se trasladan a cortes internacionales por lo nefasto del actual sistema procesal penal.

“Entonces ¿Qué es lo inconstitucional? ¿Lo que tenemos o lo que queremos lograr? Lo que estamos haciendo es constitucionalizar” disparó Superti. 
Pelotazo en contra

El abogado Corvalán no se mostró asombrado por la gestión de la Procuración ya que, según recordó, “entre los años 1991 y 1992, cuando trabajábamos para el gobernador (Carlos Alberto) Reutemann haciendo el proyecto (de reforma), Bassó era uno de los contra que teníamos y no estaba de acuerdo para nada en que se le sacara poder a los jueces para que investigaran los fiscales”.

De este modo se preguntó “cuál será el argumento del procurador para plantear la inconstitucionalidad” aunque, sin embargo, detalló que “estamos frente a una situación que le llamamos de cuasi-prevaricato: uno no puede ser jefe del que acusa y del que defiende”.

En ese mismo sentido recordó que el espíritu de “la gran reforma pasa por distinguir la tarea de acusar, de defender y de investigar”. Pero, inmediatamente, reconoció que “ningún planteo es absolutamente jurídico y aséptico” sino que “siempre hay detrás un interés por mantenerme en el poder o adquirir mayor poder”.

Frente a esto, Corvalán estimó que aquí “están haciendo un juego porque ya no pueden discutir a favor o en contra del sistema porque no se puede sostener una decisión que defienda la inquisición”, en referencia a la presentación de la Procuración. “Hoy esta discusión nadie la puede sostener entonces apelan a otros recursos; además en materia abstracta porque no hay caso concreto para defender una cuestión de este tipo” agregó.