El diputado provincial Alberto Monti (PJ) elaboró un pedido de informes al gobernador Hermes Binner en el que solicita precisiones sobre los embargos a cuentas bancarias que se habrían efectuado por parte de la Administración Provincial de Impuestos (Api) a empresas santafesinas en medio de la crisis financiera global.
En los fundamentos, el pedido de informes destaca que "el gobierno aplicó medidas cautelares a numerosos contribuyentes sin medir las consecuencias que conllevan, y esto agravó aún más la situación de los contribuyentes, en el marco de incertidumbre e inestabilidad financiera en que se encuentra inmersa la economía mundial y local".
“Si bien los procedimientos deben aplicarse, deberían morigerarse las medidas judiciales extremas tales como los embargos trabados en cuentas corrientes, que inhabilitan totalmente a las empresas a seguir operando" afirmó el diputado, y puso como ejemplo el caso de Terminal Puerto Rosario, empresa concesionaria del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) por un monto aproximado de 13 millones de pesos.
“Esta medida impide que la concesionaria de uno de los puertos más importantes del país desarrolle su actividad normal, perjudica gravemente el movimiento de cargas y buques y todas las actividades relacionadas con la operatoria portuaria y afecta en forma directa las finanzas del Enapro", explicó Monti.
Además, el legislador consulta al Ejecutivo provincial sobre las razones que habrían llevado al gobierno de Santa Fe a quitar al cuerpo de abogados de la API la potestad de patrocinar al Estado, delegando tal privilegio en la Fiscalía de Estado.
"La Administración Provincial de Impuestos es un ente autárquico provincial, creado por ley y por imperio de la misma tiene entre sus atribuciones y funciones "todas las funciones administrativas referentes a la determinación, fiscalización, recaudación, devolución y cobro judicial por ejecución de los impuestos, tasas y contribuciones establecidas por este Código y la aplicación de las sanciones previstas por el mismo por infracción a sus disposiciones" señaló.
En los fundamentos, el pedido de informes destaca que "el gobierno aplicó medidas cautelares a numerosos contribuyentes sin medir las consecuencias que conllevan, y esto agravó aún más la situación de los contribuyentes, en el marco de incertidumbre e inestabilidad financiera en que se encuentra inmersa la economía mundial y local".
“Si bien los procedimientos deben aplicarse, deberían morigerarse las medidas judiciales extremas tales como los embargos trabados en cuentas corrientes, que inhabilitan totalmente a las empresas a seguir operando" afirmó el diputado, y puso como ejemplo el caso de Terminal Puerto Rosario, empresa concesionaria del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) por un monto aproximado de 13 millones de pesos.
“Esta medida impide que la concesionaria de uno de los puertos más importantes del país desarrolle su actividad normal, perjudica gravemente el movimiento de cargas y buques y todas las actividades relacionadas con la operatoria portuaria y afecta en forma directa las finanzas del Enapro", explicó Monti.
Además, el legislador consulta al Ejecutivo provincial sobre las razones que habrían llevado al gobierno de Santa Fe a quitar al cuerpo de abogados de la API la potestad de patrocinar al Estado, delegando tal privilegio en la Fiscalía de Estado.
"La Administración Provincial de Impuestos es un ente autárquico provincial, creado por ley y por imperio de la misma tiene entre sus atribuciones y funciones "todas las funciones administrativas referentes a la determinación, fiscalización, recaudación, devolución y cobro judicial por ejecución de los impuestos, tasas y contribuciones establecidas por este Código y la aplicación de las sanciones previstas por el mismo por infracción a sus disposiciones" señaló.
