Facturas por servicios incumplidos, sumas en dólares con fines injustificados, certificados de construcción cancelados en forma anticipada y una suma superior al millón de dólares que nadie puede explicar en qué se utilizó son algunas de las irregularidades que, según Héctor Cavallero, existieron en relación con los créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Servicio Público de la Vivienda (SPV). Al menos, así lo explicitó el ex intendente en la denuncia realizada este lunes ante la Fiscalía Federal de Investigaciones Administrativas, que compromete tanto al ex intendente y actual diputado nacional Hermes Binner como al intendente Miguel Lifschitz. Sobre las dudas planteadas por la gestión socialistas sobre los fundamentos de la acusación, el propio Cavallero aseguró en conferencia de prensa este martes a la tarde: "Nunca hemos hecho una denuncia si no tenemos pruebas".

"Son demasiadas irregularidades como para que pasen inadvertidas”, aseguró el ex intedente a Rosario3.com y explicó que los "errores" que detectó comprenden certificados de construcción pagados a 60 días cuando debían pagarse a 90, supuestos consultores contratados que facturaron en varias oportunidades cada uno, dinero que debía destinarse a fines específicos depositado a plazo fijo en distintas cuentas y “una suma de 1 millón 30 mil dólares totalmente truchos, que podrían extenderse a 3 millones 300 mil, que no pueden explicar en qué se utilizaron". Según el ex intendente, muchas de estas irregularidades "violan la ley de convertibilidad que por entonces regía en el país”.

Para el actual representante del gobierno de Santa Fe en Buenos Aires “curiosamente la mayoría de estos hechos de corrupción se produjeron entre los meses de julio y diciembre de 1999", aunque aclaró que no puede confirmar "que esto tenga relación con la campaña electoral de 1999 donde Binner fue reelecto en la intendencia”. Luego explicó: “Elegimos el ámbito de la Fiscalía Federal (para hacer la denuncia) por considerar que es el órgano que cuenta con la mejor infraestructura contable y jurídica para investigar hechos de corrupción de este tipo”, dijo el ex intendente y agregó que los profesionales más comprometidos en la causa serían contadores que ocuparon y ocupan cargos en la función pública. Y concluyó: "El objetivo de esta presentación es saber dónde fue a parar todo el dinero injustificado y recuperarlo para que no seamos los rosarinos los que tengamos que terminar pagando. Este desmanejo podría comprometer la gestión de los próximos cuatro intendentes de Rosario", aseguró Cavallero en conferencia de prensa.

A principios de agosto, cuando Cavallero hizo públicas sus denuncias, el intendente Lifschitz, las desmintió y afirmó que la lista de datos y nombres presentada por el ex intendente rosarino no existe sino que fue editada. El intendente agregó, además, que las explicaciones deberían darlas los funcionarios que apoyaron la gestión menemista durante el año 1999, época a la que corresponde la denuncia.