La ministra de Defensa, Nilda Garré, fue citada por la Justicia para que declare en la causa que investiga la venta ilegal de fusiles FAL y material bélico a los Estados Unidos. La convocatoria a declaración indagatoria para el 7 de septiembre por el supuesto delito de contrabando partió del juez en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia.
"Todos los indicios emergentes de la marcha de la presente investigación remiten a un claro caso de probable subfacturación, sin que a esta altura pueda descartarse que el avance de estas averiguaciones permita ilustrar acerca del despliegue de una maniobra elusiva del control aduanero, pero referida a una hipótesis de contrabando agravado por tratarse de material bélico", sostuvo Tiscornia en la resolución en la que imputó a Garré.
Medios nacionales adelantaron que la defensa de la ministra planteó la recusación del magistrado, medida que está siendo analizada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico.
Tiscornia enfrenta un pedido de juicio político. El juez podría ser suspendido el próximo jueves por el Consejo de la Magistratura, que analizará en una sesión plenaria un dictamen acusatorio que pesa contra el juez. El cuerpo deberá decidir si dispone una suspensión en el cargo por 180 días.
Hace seis meses Tiscornia inició una investigación sobre un embarque de 6739 kilogramos de piezas fusiles que iban a ser exportadas a una empresa perteneciente a un ciudadano argentino que vive en Connecticut, Estados Unidos. La Aduana evitó la salida del país del material, que iba a exportarse a un valor de sólo 2664 dólares, lo cual abonó las sospechas sobre una subfacturación.
Entonces, Tiscornia ya afrontaba acusaciones ante el Consejo, cuyos miembros oficialistas aprobaron ahora un dictamen que podría determinar la suspensión del juez a partir del próximo jueves y en el marco de una investigación por una posible tentativa de cohecho.
