Luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazara la apelación que lo alejó de su cargo, José María Campagnoli, el ahora suspendido fiscal que investigó a Lázaro Báez aún cuando era incompetente para hacerlo, comenzará a ser juzgado a partir de este lunes.
Según informó Télam, el jury estaba planeado para la semana pasada pero se atrasó porque el fiscal Guillermo Marijuán, considerado "testigo clave”, declaró a través de un escrito y no en persona.
En abril pasado, Marijuán aconsejó el cierre de la causa Báez por no encontrar causales para imputar al empresario kirchnerista y el 7 de mayo último el juez federal Sebastián Casanello lo sobreseyó, a su vez, en la causa iniciada por una supuesta extorsión al financista Federico Elaskar para que vendiera una financiera de su propiedad.
Campagnoli había sido enviado a juicio político por una comisión evaluadora –a instancias de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó–, acusado de modificar el objeto de la causa en la que Báez pasó de denunciante a imputado, lo que según la acusación equivale a violar a las reglas procesales.
A principios de junio, el suspendido fiscal había aprovechado la invitación al programa Periodismo para Todos que se emite por El Tres para brindar algunos detalles de lo que fue llamado, en ese mismo programa, como "la ruta de dinero K". Detalles que hicieron que la ruta desembocara en la propia Rosario. Dijo que la plata blanqueada en el exterior por Báez regresaba al país en bonos de la deuda nacional desde el banco suizo Safra Sarasín SA a la Bolsa de Comercio rosarina donde eran liquidados en cheques y depositados a nombre de Austral Construcciones, en su cuenta del Banco Nación.
En la treintena de testigos ofrecidos por la defensa figuran el presidente de la Asociación de Magistrados, Luis Cabral; el juez civil y comercial Ricardo Recondo; y los consejeros de la Magistratura, Daniel Ostropolsky y Alejandro Fargosi.
Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento son Ernesto Kreplak (representante del Poder Ejecutivo); Daniel Adler (fiscal general); Rodolfo María Ojea Quintana (Senado); Juan Octavio Gauna (Corte Suprema); Rodrigo Sebastián Bacigalupi (Colegio de Abogados); Adriana Olga Donato (Colegio Público de Abogados) y María Cristina Martínez Córdoba (Defensoría General).
