La Justicia uruguaya condenó este jueves a 25 años de prisión al ex dictador Gregorio Álvarez por la muerte de 37 opositores en 1977 y 1978, en una sentencia ejemplar que despeja más si cabe el camino hacia la anulación el próximo domingo de la Ley de Caducidad de delitos cometidos por la dictadura.
La sentencia, comunicada por el juez Luis Charles, se conoce tres días antes de que los uruguayos se pronuncien en un plebiscito sobre la posible nulidad de la ley que dejó impunes las violaciones de derechos humanos cometidas por militares y policías que sirvieron al "Gobierno de facto" (1973-1985).
Aunque había sido acusado en un principio del delito de "desaparición forzada", finalmente "Goyo" Álvarez, de 83 años, fue encontrado culpable de "homicidio especialmente agravado" de 37 opositores y también de un delito de "lesa humanidad".
Fuentes judiciales indicaron que Álvarez no se llegó a presentar ante el Juzgado de Montevideo que lleva su caso, tras alegar que padecía problemas digestivos que le impedían dejar la prisión.
El juez Charles también comunicó la pena de 20 años de prisión al marino retirado Juan Carlos Larcebeau, acusado también de "homicidio especialmente agravado", aunque referido a 29 personas.
Álvarez había ingresado en prisión en diciembre de 2007 acusado de "reiterados delitos de desaparición forzada" y traslados clandestinos de detenidos desde Argentina a Uruguay cuando era jefe del Ejército, los años 1977 y 1978, en plena dictadura uruguaya, de la que fue presidente desde 1981 hasta su fin, en 1985.
El ex dictador fue condenado a la máxima pena contemplada, 25 años, que había sido solicitada por la fiscal Mirtha Guianze, que ha abanderado la campaña judicial contra la Ley de Caducidad que llevó a que el lunes pasado la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional la norma en tres de sus artículos.
La Fiscalía entendió durante el procesamiento de Álvarez que debía estar al tanto de los traslados clandestinos de militantes del Grupo de Acción Unificadora (GAU) y el Partido Comunista Revolucionario (PCR) ocurridos entre Buenos Aires y Montevideo en esa época.
La dictadura de Uruguay dejó 38 desaparecidos en este país, según la Comisión para la Paz que funcionó entre 2000 y 2003.
En Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de ciudadanos uruguayos; en Chile, ocho; en Paraguay, dos, y en Brasil, una.
Fuente: EFE
La sentencia, comunicada por el juez Luis Charles, se conoce tres días antes de que los uruguayos se pronuncien en un plebiscito sobre la posible nulidad de la ley que dejó impunes las violaciones de derechos humanos cometidas por militares y policías que sirvieron al "Gobierno de facto" (1973-1985).
Aunque había sido acusado en un principio del delito de "desaparición forzada", finalmente "Goyo" Álvarez, de 83 años, fue encontrado culpable de "homicidio especialmente agravado" de 37 opositores y también de un delito de "lesa humanidad".
Fuentes judiciales indicaron que Álvarez no se llegó a presentar ante el Juzgado de Montevideo que lleva su caso, tras alegar que padecía problemas digestivos que le impedían dejar la prisión.
El juez Charles también comunicó la pena de 20 años de prisión al marino retirado Juan Carlos Larcebeau, acusado también de "homicidio especialmente agravado", aunque referido a 29 personas.
Álvarez había ingresado en prisión en diciembre de 2007 acusado de "reiterados delitos de desaparición forzada" y traslados clandestinos de detenidos desde Argentina a Uruguay cuando era jefe del Ejército, los años 1977 y 1978, en plena dictadura uruguaya, de la que fue presidente desde 1981 hasta su fin, en 1985.
El ex dictador fue condenado a la máxima pena contemplada, 25 años, que había sido solicitada por la fiscal Mirtha Guianze, que ha abanderado la campaña judicial contra la Ley de Caducidad que llevó a que el lunes pasado la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional la norma en tres de sus artículos.
La Fiscalía entendió durante el procesamiento de Álvarez que debía estar al tanto de los traslados clandestinos de militantes del Grupo de Acción Unificadora (GAU) y el Partido Comunista Revolucionario (PCR) ocurridos entre Buenos Aires y Montevideo en esa época.
La dictadura de Uruguay dejó 38 desaparecidos en este país, según la Comisión para la Paz que funcionó entre 2000 y 2003.
En Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de ciudadanos uruguayos; en Chile, ocho; en Paraguay, dos, y en Brasil, una.
Fuente: EFE
