El escenario de un desalojo violento de las familias que viven en Ituzaingo al 60 bis no se produjo este viernes y en cambio sí hubo una nueva instancia de diálogo que permitió, en principio, destrabar el conflicto.
Según contó Juliana Giromino, una de las abogadas que acompañan a las 24 familias que ocupan un predio de forma irregular, el encuentro llevado a cabo entre autoridades provinciales y municipales, y el grupo que se niega a abandonar sus viviendas este viernes a la mañana logró un avance: en lugar de entregar un subsidio de 850 pesos por mes, el Estado se compromete a encontrar y hacerse cargo de pagar una vivienda transitoria.
Esa sería la forma de solucionar un conflicto que amenazaba con profundizarse tras la orden de lanzamiento realizada por la Justicia, con fecha para este viernes 20 pero que da diez días más de plazo para negociar.
En principio, 13 familias aceptaron dejar sus casas y cobrar 850 pesos por mes para alquilar hasta que las viviendas que construye el Estado (y que tardarán entre ocho y diez meses). Pero otras once se negaban porque decían que al carecer de recibos de sueldo y garantías propietarias no iban a poder conseguir un lugar para estar junto a sus hijos.
Esa última barrera para un acuerdo se sortearía si son las autoridades (las áreas sociales de la provincia y el municipio) las que se encargan de conseguir un lugar rentado. “Así cambia la cosa, porque nosotros con los chicos no teníamos a dónde ir”, resumió Cintia, madre de un chico de un año y medio, tras el encuentro llevado a cabo en el club Sportivo América.
El lunes las partes volverían a verse las caras para avanzar en la forma de coordinar la mudanza a un nuevo hogar. El miércoles habría una audiencia en Tribunales, junto al juez que sigue la causa. Y, de no mediar nuevos inconvenientes, el uso de la fuerza quedría descartado para cumplir con la orden de desalojar el predio privado de Ituzaingó 60 bis.
