El Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) y el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac) no presentaron objeciones al cobro de la "carga solidaria" anunciada para la tarifa del agua que se comenzará a regir en el primer bimeste de 2013. Sin embargo, tanto el ente de control como la ONG coincidieron en que estarán atentos a la ejecución de las obras de cloacas que justifican el cobro extra a los usuarios.

El adicional se cobrará a partir del bimestre enero-febrero. Los rosarinos que tengan agua potable y cloacas abonarán un 5,7 por ciento adicional para financiar parte de las obras pendientes en barrios que aún no tienen esos servicios.

“Una de las funciones que vamos a tener nosotros es verificar que haya una correspondencia entre el cargo que se paga y la realización de las obras”, sostuvo el representante del directorio del Enress, Juan Giani, en diálogo con el programa La primera de la tarde (Radio 2).

Si bien consideró justo el pago solidario de los usuarios para la realización de orbas de cloacas en los barrios con mayores necesidades reconoció que “el incremento llega en momentos de cierta sensibilidad porque hace poco hubo un aumento importante”.

Ante ese panorama, Giani recordó que el aumento del 5,7 por ciento para hacer cloacas se venía planificando desde hace dos años, mucho antes de que se diera a conocer el nuevo cuadro tarifario que subió las tarifas a principios de 2012.

Por su parte, Juan Marcos Aviano titular del Cesyac, dijo que el cargo solidario “es una respuesta interesante” que la ONG había apoyado en su momento.

Sin embargo, se manifestó también en alerta. “Desconfiamos de las obras que se tienen que hacer en la ciudad con fondos asignados que no se están haciendo”, expresó.

Contra un eventual aumento de tarifa

Por su parte, la Red Argentina de Consumidores (RAC) rechazó cualquier intento de suba de los servicios sanitarios conforme las declaraciones periodísticas de funcionarios de ASSA quienes dicen evaluar esta posibilidad para las tarifas de 2013.

El responsable del organismo, Christian Galindo consideró que “antes de debatir cualquier ajuste de tarifas, el Estado provincial debe propiciar un debate amplio sobre un nuevo marco regulatorio de los servicios sanitarios”.

Además, el dirigente se manifestó a favor de la derogación de la Ley N° 11.220 “pensada para un prestador privado” e impulsa “la salida del modelo de prestación transitoria prorrogado sucesivamente sin justificación”.

“Es necesario discutir previamente sobre la calidad del servicio, las asimetrías existentes, y el cronograma de obras que aseguren calidad y eficiencia en la prestación”, señaló el dirigente, y destacó que “se debería asegurar el funcionamiento de un organismo de control y regulación con autarquía y autonomía funcional”.