La jueza de Instrucción Nº 13, Alejandra Rodenas, pidió abrir el debate, a nivel nacional, sobre el rol del Estado entorno a la prostitución. Aunque aclaró que su rol no es legislar ni ejecutar medidas sino aplicar las leyes, insistió en la necesidad de incluir a las mujeres que ejercen el trabajo sexual. “Debemos oír esas voces”, señaló en diálogo con Radiópolis (Radio 2) y argumentó un conocimiento del tema en base a muchas conversaciones y declaraciones tomadas a meretrices en los últimos tiempos.
Hace un año atrás fue quien le puso el fajo de clausura al por entonces mítico sexy bar La Rosa y días después, procesó a su dueño, Juan Carlos Cabrera, conocido como Indio Blanco, por el delito de explotación económica y facilitamiento de la prostitución. Ahora, encabeza la investigación de una supuesta red de explotación y facilitamiento sexual que habría operado a través del sitio Supergatitas.com. Dos escandalosos y polémicos casos –tanto por su entorno prostibulario como por sus ribetes políticos–que le permitieron un acercamiento particular con las mujeres que se prostituyen. Nutrida de información y experiencia sobre la problemática, brindó su mirada al respecto en conversación con el periodista Roberto Caferra.
“En principio no soy legisladora ni gobierno, me ocupo de la aplicación de la ley”, advirtió y consideró que la legislación vigente “castiga con severidad y es clara en no penalizar la prostitución”. Luego, a título personal, compartió su opinión sobre el ejercicio de la prostitución que, más allá del castigo al proxenetismo, continúa desarrollándose en departamentos privados.
“¿Qué es lo pienso yo? Creo que es el momento para que el Estado se de una política respecto a la prostitución. Lo ideal es que exista una oficina de monitoreo a nivel nacional aunque –se corrigió– existen oficinas pero en mi caso particular, cuando cerramos un lugar donde comprobamos que había explotación sexual (La Rosa), nunca fui consultada por ningún organismo”, acusó e insistió: “Tendría que haber un monitoreo sobre estas situaciones no solo para reubicación sino para saber la voz y la inquietud de las mujeres que ejercen la prostitución”.
“Si la ley no prohíbe la prostitución el Estado debería pensar una política para quienes elijen la prostitución. No de promoción o sí, pero sí de protección. Esas voces merecen ser escuchas”, manifestó y expresó al respecto: “Muchas mujeres plantean esto de la protección del proxeneta y yo creo que hay una ficción de que ese proxeneta las protege cuando se queda con parte de su producción pero, las crónicas lo acreditan y los testimonios que he escuchado también, ha habido corrupción policial en estos casos entonces si una mujer debe elegir entre pararse en una esquina y quedarse a merced de un policía que la extorsiona o cualquier personas que puede agredirla entonces pasa que elige al proxeneta”.
Ante la consulta de cómo se puede cortar con esa cadena de complicidades que perjudica a las trabajadoras sexuales, respondió: “La ley que sanciona al proxeneta es efectiva pero como todo –invitó– podemos darnos un debate de qué hacer con las mujeres que reclaman ser escuchadas”, subrayó.
“Los jueces –continuó–sólo aplicamos la ley que es muy dura con quien facilita o promueve la prostitución con fines de lucro”, observó y finalizó: “Debemos darnos un debate de qué hacemos con estas mujeres es una voz que debe ser escuchada”.
Alejandra Rodenas (Radio 2)
