Luego de que la Justicia frenara un aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires –en el caso de una mujer que fue secuestrada por una red de trata y obligada a prostituirse–, un grupo de legisladores porteños presentó una denuncia penal contra Mauricio Macri por incumplimiento de sus deberes de funcionario público.

Los denunciantes sostienen que el jefe de Gobierno porteño ó la ley básica de Salud de la Ciudad (Ley N° 153); la ley 1.853 de protección personal de datos de la Ciudad; la ley nacional 26.485 de violencia contra las mujeres y el artículo 156 del Código Penal que impone multa y inhabilitación especial “de 6 meses a tres años, al que teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa”.

Además, se presentaron otras dos acciones contra la jueza Rustán de Estrada y contra los abogados de la Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Familia. La jueza es quien firmó la medida cautelar que suspendió el aborto. Los legisladores denunciantes consideran que la magistrada sabía (o debería saber) que con su medida cautelar le impediría a una mujer víctima de violación acceder a un derecho legítimo, previsto en en Código Penal desde el año 1921 y reglamentado por la reciente Resolución del GCABA.

Asimismo, la jueza desconoció el fallo dictado por la Corte Suprema de la Nación que determina los lineamientos para que se proceda a la práctica del aborto no punible. También se denunció a los abogados representantes de la Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Familia, ya que fueron quienes se presentaron ante la justicia nacional el pedido para frenar la intervención.

La denuncia contra el jefe de Gobierno porteño fue presentada esta mañana por un conjunto de legisladores de la Ciudad de diferentes bloques políticos, entre los que se encuentran Gabriela Cerrutti, Delia Bisutti y Eduardo Form (Nuevo Encuentro), Francisco “Tito” Nenna, Gabriela Allegre y María Rachid (FPV), Jorge Selser (Proyecto Sur), Virginia González Gass (Partido Socialista Auténtico) y comuneros de todos los partidos de la oposición.

El ministro de Salud Juan Luis Manzur precisó en el canal de noticias C5N que "esta situación puntual se da en un hospital como es el Ramos Mejía, de la Capital Federal y que depende de la Jefatura del Gobierno de la ciudad".

Añadió que "acá hay una jueza nacional que se ha sublevado, que emitió esta medida desoyendo lo que establece la acordada de la Corte Suprema, vinculado a los casos de aborto no punibles".

Pero insistió, en que "el que tiene que hacerse cargo de esta situación es Macri, porque el gobierno nacional no tiene nada que ver".

Manzur indicó que "el Ministerio a mi cargo ha cumplido con la acordada de la Corte Suprema de la Nación, está el protocolo y todo dentro del marco de salud sexual y responsable".

En tanto, al aludir al aborto señaló que "son situaciones personales no deseadas muy doloras y hay que manejar estos casos con mucha prudencia, serenidad y con la reserva que implica".

"Ya que se trata de una mujer que ha sufrido no sólo una violación, sino que la información que tenemos es que fue víctima de una trata de persona", destacó el ministro.

En referencia al anuncio que había hecho Macri sobre la práctica del aborto, señaló que "ventilar estos casos es una situación desaconsejable, pero ahora si Macri hace comunicaciones con esto, no nos parece lo correcto".

"Pero insisto que este caso puntual está dentro de la jurisdicción de la Capital y Macri tiene que hacerse cargo de la situación", señaló Manzur.

Por su parte, la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, sostuvo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apelará el fallo de la Justicia para dar curso a la práctica del aborto no punible.