Organizaciones de defensa del consumidor, vecinos y usuarios del servicio de agua potable manifestaron preocupación por las cartas intimidatorias que reciben de la empresa Aguas Provinciales de Santa Fe (APSFE) en liquidación, intentando el cobro de boletas adeudadas bajo apercibimiento de inicio de acciones legales.

Al respecto, el concejal del ARI Nire Roldán manifestó su preocupación porque se agravó el tono intimidatorio de las misivas, ya que hasta septiembre pasado se indicaba a los vecinos que debían comunicarse telefónicamente o presentarse para regularizar las supuestas deudas, pero sin el apercibimiento.

“Las liquidaciones practicadas por APSFE son totalmente capciosas. Los usuarios intimados no tienen posibilidad de discutir su contenido, ni rechazar períodos mal liquidados o prescriptos, de los cuales se procura el cobro bajo el incentivo de supuestos beneficios”, aseguró Roldán, quien pidió al gobierno provincial “declarar la moratoria de todos los deudores”.

En tanto, los asesores letrados de la Comisión Especial del Agua del Concejo Municipal recordaron que la prescripción es de cinco años, extensible un año más para el caso de intimación de pago fehaciente. Por eso, teniendo en cuenta que la empresa dejó de funcionar en febrero de 2006, sólo podrían demandarse los períodos correspondientes a 40 ó 50 meses antes de que se retire, lo que implica no más de 25, o sea, aproximadamente desde febrero de 2002. “Antes de que la empresa se retirase la prescripción de períodos se podía plantear ante el Enress, sin embargo ahora sólo puede plantearse la prescripción ante la Justicia mediante una acción declarativa”, argumentaron según un comunicado de prensa.

Ante la consulta de los vecinos damnificados sobre qué hacer cuando reciben las cartas con intimación al pago, desde la comisión aconsejaron postergar cualquier pago. Al menos hasta que asuman las nuevas autoridades provinciales electas, ya que existen varios proyectos presentados que pueden modificar la situación en favor de los usuarios.

“La única salida sigue siendo política”, manifestó Roldán, y agregó: “El Estado provincial debe subrogarse en el derecho de APSFE, declarar la moratoria de todos los deudores, inclusiva los judiciales, y poner el monto resultante en el paquete de negociación, junto con las multas adeudadas por la empresa, el 13,85 por ciento de obras no realizadas, y los daños y perjuicios generados por la empresa contra los vecinos de la provincia y el Estado provincial, los verdaderos acreedores de la relación contractual rescindida”.