El Concejo de Rosario intervino ante los derechos que amparan a las personas en situación de calle. Quien tomó la iniciativa fue la edila socialista María Inés Jasienovicz quien pidió a la Legislatura provincial que se suspenda la potestad de reprimir la mendicidad, según lo establece el inciso 46 del artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades. En contraposición, la concejala presentó un proyecto de resolución que plantea la necesidad de que se implementen políticas públicas destinadas a la prevención o disminución de ese problema social.

De acuerdo a lo comunicado en un mensaje a la prensa, la autora del proyecto aclaró que "la mendicidad de por sí no es una conducta antijurídica que viole derechos de los demás, sino que es una situación personal desgraciada de un ser humano, quien como todo ciudadano debería tener garantizado su amparo e integración social por parte del Estado".

"¿Cómo puede el Estado, por medio de cualquiera de sus órganos de poder, reprimir una situación que se ha creado a través de su propia negligencia u omisión?", cuestionó la socialista.

En tanto destacó la importancia de modificar el aspecto de la Ley Orgánica de Municipalidades, que coloca a la represión de la mendicidad entre las atribuciones del Concejo en cuanto al "orden social". En ese sentido, remarcó que en ese artículo de la norma "subyace el viejo paradigma que considera que toda persona subvierte ese orden público o social, y la convierte en sospechosa".

En la solicitud realizada a la Legislatura provincial también se advierte que "este tipo de normas abren las puertas a la discrecionalidad, al abuso, y a la corrupción, ya que estigmatiza a una categoría de personas por sus circunstancias particulares, que en este caso es su vulnerabilidad, y la margina aumentando su desprotección".