La Cámara de Diputados buscará convertir en ley hoy la reforma previsional impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional, que introduce como principal novedad la posibilidad de que los aportantes puedan elegir pasarse del sistema de capitalización al de reparto.

La iniciativa será debatida por los diputados en el marco de la segunda y última sesión del período extraordinario, que comenzará después del mediodía y se extenderá varias horas debido a que contempla además un abultado temario de otras cuestiones claves como la normalización del Pami, entre otras.

El proyecto cuenta con el respaldo de organizaciones sociales que se movilizarán frente al edificio del Congreso desde las 15, de la que participarán dirigentes de ATE que apoyan la sanción de la ley que permite una nueva opción previsional.

Las modificaciones al regimen previsional apuntan a "mejorar la cobertura de la población, garantizar la libertad de elección de los ciudadanos y fortalecer la equidad y la transparencia del sistema, además de asegurar su financiamiento genuino y afianzar el rol del Estado", según los fundamentos de la norma.

El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, consta de 17 artículos y busca invertir la presunción sobre los trabajadores que si no optaban por uno de los dos sistemas al momento de iniciar su vida laboral eran considerados dentro del régimen de capitalización.

La norma, aprobada por el Senado el 13 de febrero pasado, es respaldada por el bloque oficialista del Frente para la Victoria, y los diputados del Peronismo Federal, mientras que la UCR y el ARI apoyarán en general pero plantearán sus disidencias y el PRO presentó un proyecto alternativo.

A través del proyecto oficial, se establece que los trabajadores que ingresan al mercado laboral y luego de 90 días no optan por ninguno de los dos regimenes quedarán comprendidos en el sistema de reparto.

Hasta ahora, el sistema funciona al revés, ya que si el trabajador no ejerce su opción es enviado a una Afjp entre las que cobran las comisiones más bajas y ya no tiene posibilidad de volver al sistema de reparto.

Se dispone además un tope a las comisiones que cobran las Afjp sobre el salario, que busca limitar los gastos de comercialización de las administradoras sobre el aporte del trabajador, a la vez que mejora su ahorro jubilatorio.

Por otra parte, incorpora la posibilidad de que el activo del Fondo de Jubilaciones y Pensiones se invierta en títulos de deuda pública y en certificados de participación en fideicomisos.

La finalidad de esta medida es financiar proyectos productivos o de infraestructura con el objetivo de lograr que las administradoras de esos fondos se comprometan con el crecimiento económico y la solidaridad social del país.

Debido a que el costo del seguro colectivo de invalidez y fallecimiento es en la actualidad el componente más significativo de la comisión que perciben las Afjp, se proyecta universalizar entre los aportantes el financiamiento y la cobertura de las contingencias de invalidez y muerte.

De esta manera, el costo se imputará a la rentabilidad del conjunto de los fondos.

Además, la norma prevé modificar la presunción de la opoción por el régimen público, para aquellos cuyo nivel de capitalización de aportes individuales no alcance para brindarles la prestación mínima que regula el sistema a una edad en que se hace necesario el amparo del Estado.