El Congreso de Paraguay avanzó de forma veloz en el juicio político en contra del presidente Fernando Lugo y lo destituyó este viernes a la tarde al declararlo “culpable” al primer mandatario del desalojo de un campo que causó 16 muertos.
La votación registró 39 votos a favor de la destitución, cuatro en contra (uno de ellos quiso argumentar su defensa de Lugo y le cortaron el micrófono) y dos ausentes. Esta misma tarde asumiría, al menos según la movida de los senadores, el vicepresidente Federico Franco que se haría cargo del Ejecutivo hasta las elecciones de abril de 2013.
Afuera del Parlamento, una nutrida manifestación resistía lo que denunciaron como “un circo” y un “golpe de Estado” que significaría el “regreso de la dictadura”. Se registraron incidentes afuera de la sede legislativa.
Llegados desde varias ciudades del interior, representantes de organizaciones gremiales, sociales, de campesinos y de indígenas repudiaron la destitución del presidente con el trasfondo de fuerte operativo de seguridad encabezado por la Policía Nacional, que cerró al tránsito en los alrededores del Congreso.
Los diarios paraguayos afirman que casi 60 pelotones antimotines y de la Montada, además de 1.000 efectivos de Orden y Seguridad, estaban afectados al operativo de seguridad, junto a dos carros hidrantes.
A la manifestación frente al Congreso se sumaron otras concentraciones y cortes de ruta en el interior, entre otros lugares en Horqueta, Itapúa y Pirapey.
En la previa, el presidente Lugo aseguró que la decisión del Congreso de iniciarle un proceso de juicio político “es un golpe de estado express” y responsabilizó por esa decisión al empresario Horacio Cartes, precandidato a la presidencia por el conservador Partido Colorado.
En una entrevista con el canal Telesur, aclaró que se presentará en el parlamento para responder a las acusaciones que se le formulan.
El mandatario paraguayo sostuvo que el golpe de estado se orquestó entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, lapso en el que los parlamentarios acordaron convocar a un juicio político sin “razón valedera”.
