La Cámara de Diputados de la provincia aprobó y convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia en seguridad en Santa Fe. El proyecto tenía la media sanción del Senado desde agosto y era resistido por el Frente Progresista. Sin embargo, la mayoría numérica del PJ impuso la norma este jueves, tras el escándalo del caso Tognoli.

Entre otras cosas, la medida impulsa el pase a disponibilidad de policías investigados judicial o administrativamente. De ser promulgada por el Ejecutivo, la norma no habilitaría la continuidad del actual jefe de la policía, Cristina Sola, quien tiene una investigación abierta por presunto enriquecimiento ilícito, según reconoció el propio ministro de Seguridad, Raul Lamberto, ante los legisladores.

El bloque de legisladores del PJ explicó que la ley de emergencia tiene “la intención de aportar una herramienta que sirva para atravesar la extremadamente delicada situación que vive la provincia en estos días donde las autoridades han reconocido que existen varios jefes investigados por enriquecimiento ilícito, hablan de cajas negras y admiten un desgobierno hacia las fuerzas policiales”.

Las medidas

La emergencia tiene una vigencia de 18 meses prorrogables y pretende, entre otras cosas, la implementación de programas de contención social.

Propone agilizar la recepción y resolución de denuncias de delitos civiles, conflictos entre vecinos o familiares a través de juzgados comunales y registro civil.

Pretende también la depuración de agentes policiales sospechados e investigados ya sea en sede administrativa o judicial, englobando a todos los que han cometido faltas como supuesto enriquecimiento injustificado del personal policial en ejercicio de sus funciones o hasta 6 años después de su renuncia o pase a retiro.

Asimismo facilita también la incorporación de efectivos policiales capacitados intensivamente en un semestre y supervisados por las fuerzas especiales de la repartición.

Otros aspectos que incluye la norma es la adquisición de equipamiento para la policía científica, la compra de tecnología GPS, scanner móviles para detección de drogas peligrosas, insumos, maquinarias y todo otro elemento que haga al buen desempeño de la tarea.

De igual forma estipula la construcción de dos complejos penitenciarios para descomprimir las comisarías y faculta al Ejecutivo a llevar a cabo políticas interministeriales de asistencia e inserción de jóvenes de entre 14 y 25 años para completar sus estudios y capacitarlos laboralmente.

Amplía la disponibilidad de fondos para eficientizar la prestación del servicio, elevando el tope para la compra directa y el concurso de precios.

El texto establece la creación de la comisión bicameral de Seguridad Pública, integrada por ambas comisiones de la Legislatura, quién controlará la ejecución de la ley sancionada.