El Senado aprobó este miércoles, con algunas modificaciones, el proyecto de ley que apunta a evitar la tala indiscriminada de bosques nativos, luego de varios meses de disputas con representantes de las provincias productoras de madera del norte argentino. De esta manera, la iniciativa deberá volver a la Cámara de Diputados, para su sanción.
El proyecto suspende por un año el desmonte, para que cada jurisdicción defina en ese plazo el concepto de bosque nativo dentro de su territorio. Después de ese lapso, todo desmonte que se realice requerirá autorización expresa de las autoridades jurisdisccionales, que será otorgada luego de un estudio de impacto ambiental.
Los senadores introdujeron durante la sesión modificaciones al proyecto enviado desde la cámara baja el 14 marzo pasado, impulsado por el diputado kirchnerista Miguel Bonasso, con una fuerte concepción conservacionista.
Las modificaciones dan mayor protagonismo a las provincias y exceptúan de la prohibición de talar árboles durante un año a los pequeños productores con hasta diez hectáreas de bosques y a las comunidades indígenas.
La cámara alta había aprobado en general la semana pasada el proyecto enviado por los diputados, pero al aprobarlo hoy en particular (esto es artículo por artículo) los senadores establecieron cambios sustanciales que fueron votados por los dos tercios del cuerpo. El respaldo obtenido por el proyecto flexibilizado en el Senado obliga ahora a la Cámara de Diputados a obtener igual proporción para insistir con su sanción original.
El proyecto votado por los senadores crea un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, con recursos del Presupuesto Nacional en una proporción no inferior al 0,3% más lo obtenido mediante la recaudación del 2% de las retenciones a las exportaciones de origen agrícolo-ganadero. El radical Gerardo Morales propuso enviar al fondo el 2% de todas las exportaciones y no sólo de las primarias, pero el oficialista Miguel Piccheto pidió que "no tiremos más de la cuerda".
Según los senadores, estos recursos podrían reunir unos 1.000 millones de pesos anuales y el proyecto propone distribuir un 70% entre los productores privados y un 30% entre los estados provinciales que hayan sancionado su ordenamiento de bosques nativos.
La organización ecologista Greenpeace consideró que se trata de "una victoria de la gente". El coordinador de la campaña de Bosques de esa asociación, Hernán Giardini. aseguró: "Esta es una victoria de la gente, ya que sin las más de un millón cuatrocientas mil firmas que se juntaron y los miles de llamados que se recibieron, los senadores no habrían aprobado la ley".
El director político de la organización, Juan Carlos Villalonga, sostuvo que "la sanción de esta norma es un primer
paso muy importante para solucionar uno de los problemas ambientales más graves de nuestro país". "El ordenamiento territorial que establece la ley es esencial para solucionar la emergencia forestal en la que nos encontramos", indicó.
