Después de un año de presentaciones y acciones legales, el caso de Alejo –el menor de 6 años que padece sordera bilateral profunda y es afiliado al Instituto Autárquico Provincial de Obras Sociales (Iapos)– tendrá por fin una solución.
La familia del niño había conseguido que el año pasado se le hiciera un implante coclear en uno de los oídos que le permitió empezar a escuchar y, en consecuencia, a hablar. Pero el mantenimiento de la prótesis implica para la familia una serie de gastos adicionales: deben viajar cada tres meses a Buenos Aires para calibrar el aparato en el hospital Garrahan, donde fue colocado y, además, el niño necesita la atención permanente de una fonoaudióloga que lo ayuda en la integración a la escuela común a la que asiste –Normal Nº 3– y una sesión semanal de psicología, entre otras ayudas propias del proceso de recuperación del habla.
Iapos se negó sistemáticamente a cubrir todos los costos descriptos, por lo que la familia de Alejo, con el patrocinio de la abogada Marisa Malvestiti, exigió un embargo por 14 mil pesos que permitiera recuperar lo invertido por la familia en el tratamiento, durante 2006 y cubrir el costo de esas prestaciones durante los primeros meses de 2007.
Según explicó Malvestiti a Rosario3.com, “la obra social incumplió la medida cautelar dictada por la Justicia, por lo que en diciembre de 2006 el Juzgado Civil y Comercial, a cargo del recientemente fallecido Rodolfo Bruch, ordenó el embargo el 21 de diciembre de 2006”.
Tampoco reaccionó el Iapos ante esa decisión judicial, y en las últimas horas el juez Luis Ramuno, actualmente a cargo de la causa, ordenó el sorteo de un perito de caja para que la semana próxima se proceda a pagar a la familia la suma adeudada.
La familia del niño había conseguido que el año pasado se le hiciera un implante coclear en uno de los oídos que le permitió empezar a escuchar y, en consecuencia, a hablar. Pero el mantenimiento de la prótesis implica para la familia una serie de gastos adicionales: deben viajar cada tres meses a Buenos Aires para calibrar el aparato en el hospital Garrahan, donde fue colocado y, además, el niño necesita la atención permanente de una fonoaudióloga que lo ayuda en la integración a la escuela común a la que asiste –Normal Nº 3– y una sesión semanal de psicología, entre otras ayudas propias del proceso de recuperación del habla.
Iapos se negó sistemáticamente a cubrir todos los costos descriptos, por lo que la familia de Alejo, con el patrocinio de la abogada Marisa Malvestiti, exigió un embargo por 14 mil pesos que permitiera recuperar lo invertido por la familia en el tratamiento, durante 2006 y cubrir el costo de esas prestaciones durante los primeros meses de 2007.
Según explicó Malvestiti a Rosario3.com, “la obra social incumplió la medida cautelar dictada por la Justicia, por lo que en diciembre de 2006 el Juzgado Civil y Comercial, a cargo del recientemente fallecido Rodolfo Bruch, ordenó el embargo el 21 de diciembre de 2006”.
Tampoco reaccionó el Iapos ante esa decisión judicial, y en las últimas horas el juez Luis Ramuno, actualmente a cargo de la causa, ordenó el sorteo de un perito de caja para que la semana próxima se proceda a pagar a la familia la suma adeudada.
