Casi como un rebuscado problema de ejercicios contables, Central vivió en simultáneo una doble realidad. Por un lado, selló la venta del volante Ángel Di María al Benfica de Portugal en seis millones de euros pero por otro lado, horas antes de esa transacción se conocieron tres embargos contra el club por deudas que suman cerca de ocho millones de dólares.
Estas trabas no sólo agravaron la crisis económica de la entidad, sino que podrían terminar con la remoción de Pablo Scarabino en la presidencia por haber participado de la maniobra irregular que derivó en esos pedidos, según informaron fuentes judiciales.
Los ocho millones de dólares adeudados surgen de una operaciones que realizaron en septiembre del año que pasó el presidente Scarabino y los entonces dirigentes Gonzalo Estévez y Marcelo Gastaldi, quienes tomaron préstamos de dinero y reconocieron honorarios al abogado Juan José Ubieta, que en total llegan a los 7,9 millones dólares.
Ante la irregularidad de las contrataciones realizadas por los dirigentes, las mismas fuentes aseguran que en pocos días más la jueza podría remover a Scarabino como presidente del club y pedir la urgente intervención de la Dirección Provincial de Inspecciones de Personas Jurídicas para que sea este órgano el que convoque a elecciones o intervenga la entidad.
Fuentes judiciales confirmaron la información y señalaron que en el expediente concursal del Club Rosario Central que tramita el Juzgado de Liliana Giorgetti se recibió una comunicación de la Sindicatura en el que se consigna que la institución tiene tres nuevos embargos por acciones distintas a las conocidas hasta ahora.
Es importante destacar que estas acciones fueron realizadas sin el conocimiento ni autorización de la jueza Giorgetti que debió haber intervenido necesariamente en las mismas, en carácter de jueza que interviene en el proceso de la entidad canalla.
La información surgió, según detallaron fuentes cercanas a la jueza, luego de que Giorgetti requiriese a la Sindicatura posibles operaciones o embargos fuera de la ciudad de Rosario que afectasen los bienes del club. La extensa respuesta de la síndica Mariela Rodríguez fue elevada el 23 de julio pasado con los gravámenes explicados.
Llama también poderosamente la atención que dichos préstamos y reconocimiento de honorarios fueron celebrados en Capital Federal por Scarabino, Estévez y Gastaldi, firmando allí pagarés, contratos y reconocimiento de deuda. La magistrada investigará además los domicilios que se consignan en estas operaciones ya que, en alguno de los casos, coincide el de quien presta dinero como el que fue fijado por el club.
La síndica conoció de estos embargos por información directa enviada por la Asociación de Fútbol Argentino que manda inmovilizar los fondos de Central que le corresponden por los derechos de Televisión Satelital Codificada, precisaron las mismas fuentes.
