Este miércoles, a las 14 de nuestro país, comenzará la audiencia en la Corte de Apelaciones de Nueva York, donde la Argentina y los fondos buitre presentarán sus argumentos para dirimir lo que se conoce como el “juicio del siglo” en materia de reestructuración de deuda soberana.

Tres jueces escucharán los argumentos de las partes en disputa y de terceros afectados, según la pauta que estableció la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Manhattan, la misma sede del Tribunal donde tiene sus oficinas y dicta sentencia el juez de primera instancia Thomas Griesa.

Serán los mismos jueces que avalaron parcialmente el fallo de Griesa de marzo de 2012, al dar lugar a la interpretación de que la Argentina violó el pari passu, el tratamiento igualitario a los acreedores, pero que rechazaron la fórmula de pago establecida por el juez, en noviembre de 2012.

La exposición no durará más de una hora y media, según calcularon los abogados del estudio defensor de la Argentina Cleary Gottlieb. El abogado Johnatan Blackman será quien exponga la posición de Argentina en el espacio de 15 minutos concedido a tal efecto por la Corte.

Los acreedores que ingresaron al canje llevarán como figurita máxima a David Bois, ex defensor de Al Gore en la disputa por la presidencia en el 2000 contra George W. Bush , si bien deberían compartir los 15 minutos cedidos para los terceros afectados con otros actores, como el Bank of New York, el agente de pago.

En tanto, los fondos buitre tendrán sus 15 minutos correspondientes a través del abogado conservador Ted Olson, quien defendió a Bush y obtuvo el visto bueno judicial que permitió al republicano llegar a la presidencia tras una definición en la Corte Suprema.

La batalla según los bonistas

Abogados y bonistas que ingresaron al canje preparan su defensa legal para dar batalla, en la que buscarán persuadir a la Corte de Apelaciones de que el fallo del juez Thomas Griesa afecta la "propiedad privada de terceros" y que por lo tanto es "inconstitucional", según las leyes de Estados Unidos.

"El fallo de Griesa tiene impacto directo en las terceras partes y esa es nuestra mayor preocupación", indicaron representantes de acreedores que ingresaron al canje.

El fallo del juez neoyorquino, que actualmente se encuentra suspendido, contempla el pago a los fondos buitre con las partidas destinadas por el gobierno argentino para cumplir con los bonistas que ingresaron al canje de deuda.

"Más allá de que la Corte considere que la Argentina violó o no las reglas -referidas al pari passu, tratamiento igualitario a los acreedores-, el remedio que busca imponer el fondo NML y reflejado en el fallo de Griesa es inconstitucional y viola la propiedad privada según las leyes de Estados Unidos y es algo que no tiene precedentes en este país", indicaron.

Otros abogados consultados -todo prefieren el anonimato antes de la audiencia- coinciden en que es factible que, tratándose de una audiencia donde las partes exponen sus argumentos, la Corte vuelva a girar por segunda vez a Griesa el fallo para revisar una solución que no afecte a los acreedores que ingresaron al canje de deuda.

Los antecedentes de la puja legal

El pasado 26 de octubre tres jueces de la corte de Apelaciones avalaron parcialmente el fallo del juez Thomas Griesa, pero pidieron la revisión del método de pago, que según el criterio de Griesa debe ser el 100% a los holdouts, en un sólo pago, y a costa de los fondos destinados a los bonistas que ingresaron al canje de deuda.

Griesa volvió a ratificar su decisión y explicitó el método de pago, que afecta a los acreedores que ingresaron al canje de deuda.

La Argentina debía depositar una 1.330 millones de dólares con los próximos pagos del cupón atado al PBI, y ponerlo en una cuenta en garantía para los holdouts y fondos buitre.

La corte de Apelaciones hizo lugar luego a un recurso de emergencia de "stay" del gobierno y congeló la medida, lo que posibilitó que la Argentina pagara el cupón atado al PBI en diciembre.  La medida seguirá congelada hasta la resolución del caso.

En paralelo, el gobierno argentino pidió una revisión "en banc", con los trece jueces de la cámara, donde recibió apoyo del gobierno de Estados Unidos. La corte aún no se expidió en este tema.