En lo que va del año 1.834 menores fueron detenidos en comisarías de la ciudad. De esa cifra total se desprende que por día unos 7 chicos son llevados a dependencias policiales por haber cometido un delito, por deambular en las calles o por averiguación de antecedentes.
Los datos le ponen número a una problemática para la que hace un año se aplicó una ley pero que todavía sigue sin implementarse. Se trata de la ley de infancia 26.601, promulgada en octubre de 2005, de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que establece que el Estado debe aplicar políticas de prevención del delito, es decir, proteger a los niños para que no lleguen a delinquir.
La nueva legislación vino a reemplazar a la de patronato de 1919 o ley Agote, que estaba en directa contradicción con
Para Inés Cozzi, abogada del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, “la norma es un avance y cuenta con un marco jurídico que garantiza el cumplimiento de la convención; el tema a resolver será la operatividad de estas estructuras”.
En cuanto al número de entradas de menores a las comisarías a lo largo del año, según fuentes policiales en la mayoría de los casos se trata de “asaltos a mano armada, robo de bicicletas y hurto”.
“Pero así como entran por una puerta, salen por la otra justamente por su corta edad”, lanzó un efectivo de la fuerza.
Sin embargo, a partir de la nueva ley que respeta los derechos civiles, la policía no podrá levantar más chicos que estén en la calle para llevarlos a la comisaría. En todo caso, tendrá que ir a instituciones que ayuden a su reinserción social.
Acerca de esto, en declaraciones a Radio 2, Cozzi señaló que “la modificación aporta una mirada completa sobre la infancia como problemática, pero lo hay que hacer es formar más maestros que policías”.
La reciente aprobación de
“Todavía se está en un etapa de transición, pero lo que queda claro es que la ley determina que el Estado deberá responder con políticas públicas de prevención antes de que los hechos ocurran y por ende no lleguen los casos a los Tribunales”, señaló Jorge Cartelle, juez de Menores.
Cartelle también manifestó que “la cantidad de casos que se acumulan en los Tribunales de Menores es inmensa y que los magistrados de la ciudad no dan abasto”. En este sentido, el magistrado sostuvo que “con la nueva legislación tiene que terminarse esa cultura que está arraigada en la sociedad y tiene que ver con que ante cualquier problema con un menor se recurre a la Justicia”.
Y agregó: “Lo que hace falta es una política general del Estado para prevenir los delitos. Me acabo de enterar que la provincia ya nombró una subsecretaria de Menores y supongo que a partir de ahí podremos articular tareas”.
Con esto último, Cartele hizo referencia a creación de una
