El gobierno español aprobó solicitar a la Argentina la extradición de cuarenta represores procesados en España por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, en la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, investiga crímenes de la última dictadura militar.
El Consejo de Ministros, en cumplimiento de la sentencia de 31 de mayo de 2005 dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, acordó dar curso a esta solicitud, que había sido frenada en agosto de 2003, tras la derogación de las leyes argentinas de obediencia debida y punto final.
El documento del Consejo de Ministros al que tuvo acceso acuerda pedir a la Argentina la extradición de Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla, Omar Rubens Gragffigna, Armando Lambruschini, José Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo, Jorge Olivera Rovere, Antonio Bussi, Ramón Díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez, Alfredo Astiz, Antonio Pernias, Héctor Febres, Carlos Guillermo Suárez Masón (fallecido), entre otros.
El Consejo de Ministros, en cumplimiento de la sentencia de 31 de mayo de 2005 dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, acordó dar curso a esta solicitud, que había sido frenada en agosto de 2003, tras la derogación de las leyes argentinas de obediencia debida y punto final.
El documento del Consejo de Ministros al que tuvo acceso acuerda pedir a la Argentina la extradición de Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla, Omar Rubens Gragffigna, Armando Lambruschini, José Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo, Jorge Olivera Rovere, Antonio Bussi, Ramón Díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez, Alfredo Astiz, Antonio Pernias, Héctor Febres, Carlos Guillermo Suárez Masón (fallecido), entre otros.
