Consultado acerca del pedido de los tarotistas de derogar el artículo 81 del Código de Faltas, el abogado penalista Luis Laporte señaló que “casi siempre en los casos de adivinadores hay abuso de la fe pública, tanto como en las publicidades de los remedios que supuestamente curan ciertas enfermedades”.
Según el artículo 81 –antes 76– del Código de Faltas se define explotación de la credulidad pública a las actividades de aquellas personas que “habitualmente y con ánimo de lucro explotare la credulidad pública o la fe religiosa interpretando sueños, adivinando el futuro, formulando profecías o predicciones o pretendiendo en cualquier forma la posesión de un poder sobrenatural”.
En este sentido, Laporte señaló que “existe una línea muy sutil que divide lo cierto de la superchería, aunque el Estado no tiene porqué intervenir si una persona decide o no tirarse las cartas para conocer su futuro hay cuestiones que necesitan ser reguladas”.
“Una clienta mía fue estafada en 20 mil pesos, por una adivinadora que le pidió esa suma para confeccionar una vela negra con forma de pene para que su ex marido tenga asegurada la impotencia de por vida”, recordó el abogado Laporte.
