Ellos lo vivieron y lo sufrieron de cerca. Son familiares de inocentes víctimas de asesinatos, que perdieron a sus seres queridos como consecuencia de distintos delitos. Aún así, lejos de intentar hacer justicia por mano propia, insisten con los caminos institucionales y legales para exigir castigos. Con ese fin se reunieron con concejales de la ciudad y les pidieron que intercedan ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Este miércoles, la ONG “Sin justicia no hay vida”, conformada por 30 familias de víctimas de delitos, fueron al encuentro de las edilas María Eugenia Schmuck (UCR) y Fernanda Gigliani (PPS), presidenta e integrante de la comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal, respectivamente, y les hicieron una serie de planteos tendientes a avanzar en las investigaciones y a proteger la integridad personal de los demandantes.

“Son familiares que se organizaron para conseguir respuesta de la Justicia por el camino institucional, que han perdido hasta sus trabajos para dedicar la vida entera a investigar el asesinato de sus seres queridos, que viven en lugares sitiados, el mismo barrio que los asesinos, donde muchas veces son amenazados para que dejen de insistir”, señaló en diálogo con Rosario3.com la concejala Schmuck.

Explicó también que lo que piden en concreto es la vinculación directa con los Fiscales de Cámara, a fin de plantear “la aceleración de algunas causas que no avanzaron lo suficiente y la separación, de algunas de ellas, de personal policial sospechado de complicidad o encubrimiento, que –lógicamente– entorpece la investigación”.

“Llama la atención que, si bien la mayoría de los casos planteados no tienen vinculación directa con el narcotráfico, en algún punto tocan tangencialmente este negocio delictivo”, destacó Schmuck, quien luego del encuentro con los familiares, mantuvo reuniones con el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, y con la fiscal de Cámara Nº 2 de Rosario, María Eugenia Iribarren.

“En ambos casos fueron reuniones muy satisfactorias y ejecutivas, porque ambos funcionarios recepcionaron los reclamos y se comprometieron a tomar en cuenta cinco causas puntuales, muy complicadas, en las cuales los familiares están siendo amenazados para que cesen en su lucha por obtener justicia”, explicó la edila.

“Además –agregó– estamos gestionando una reunión de la ONG con el ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, ya que es el camino institucional más directo para lograr lo que piden. También queremos generar un protocolo con los fiscales de Cámara para que las víctimas tengan contacto directo con ellos, cada vez que perciban problemas o estancamiento de algunas causas”, expresó Schmuck.

Entre los casos planteados por los familiares que buscan una solución institucional, a pesar del dolor en que los sumió la tragedia, la concejala mencionó: la encabezada por Cristina Ojeda (cuya hija, Laura, y nieta, Mía, fueron asesinadas en febrero último); la iniciada por la familia de Mélani (la niña a la que mataron de un balazo el 22 de enero pasado); la causa por el asesinato de Nahuel (ultimado el 23 de febrero pasado en Córdoba y Colombres, cuando se desplazaba con su moto); y la investigación por el asesinato de Lionel (asesinado en la ruta 34, el último 14 de febrero, cuando volvía de trabajar de Ibarlucea).