La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) resolvió dejar en suspenso hasta el 30 de noviembre próximo una polémica resolución (la 1200/12), que incluía un recorte en los reintegros a las obras sociales por prestaciones brindadas a pacientes con discapacidad.

La decisión se produce luego de conocer las críticas que provocó la misma en las obras sociales sindicales que no tardaron en llegar a los afiliados. También aclararon que en Pami –donde los manifestantes denunciaban que está rota a cadena de pagos– “las prestaciones funcionan con normalidad”.

Según el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis) la medida afecta a casi 100 mil personas que reciben un trato preferencial en estimulación temprana, terapia educativa, integración, aprendizaje especial, asistencia en hogares, apoyo económico, transporte y demás beneficios fijados por ley.

Según explicó la titular de la Superintendencia, Liliana Korenfeld, “el 40% de los expedientes de solicitud de reintegro son de discapacitados, y hay expedientes de 2008 aún sin reintegrar". "Lo que hicimos con esta norma fue, a los efectos de poder auditarlos más rápidamente –dijo la funcionaria– fue achicar en una cantidad de módulos que incorporaban todas las prestaciones pero que no estaban explicitadas estrictamente”.

Ese objetivo no aparecía tan claro a la vista de los beneficiarios de las prestaciones y menos aún ante las obras sociales sindicales, que en forma inmediata empezaron a plantear a a sus afiliados que determinados tratamientos “no se iban a cubrir porque no estaban incluidos”.

El malestar se multiplicó entre los beneficiarios de distintas obras sociales que plantearon su disconformidad ante el Caidis, quien convocó movilizaciones en todo el país, para repudiar la medida.

“Ante esta movida, la Superintendencia convocó a las partes involucradas y les comunicó que no era la intención perjudicar a las personas con discapacidad, por lo que habían decidido quitarlo de la resolución 1200/12 y hacer una nueva en la que estén todas las modalidades y valores que establece el nomenclador nacional, invitando al Caidis a participar de su redacción”, explicó a Rosario3.com, el presidente de la Comisión de Derecho de la Discapacidad, de la Facultad de Derecho de Rosario, Alejandro Palermo Romera.

“La resolución iba a entrar en vigencia desde el 4 de octubre pasado, pero ahora quedó en suspenso hasta el 30 de noviembre. Mientras tanto, las partes se reunirán para consensuar el tema”, señaló el abogado.

También el Pami

La convocatoria promovida por el Caidis se realizó en reacción a la reducción de los reintegros; la pérdida de prestaciones; el encarecimiento de las mismas; el aumento significativo en la complejidad burocrática para lograrlas y el aumento de la judicialización para conseguir las prestaciones a personas discapacitadas, pero no era el único reclamo.

Además se denunciaba que “en Pami se ha roto la cadena de pagos, dejando a los afiliados sin protección". Que "no se reconocen los valores de las prestaciones fijadas por el Ministerio de Salud" y que "se abonan discrecionalmente valores inferiores a los que corresponden”.

En un comunicado difundido este martes, el Pami aseguró que "las prestaciones destinadas a garantizar la correcta atención de las personas discapacitadas, dependientes de dicha obra social, se encuentran funcionando con total normalidad".

"El Instituto mantiene regularizada la cadena de pago, por lo tanto no hay motivo para que ninguna organización que atienda a afiliados de Pami interrumpa su cobertura", indicó el organismo en su mensaje en el que agrega que "las versiones desestabilizadoras y falaces sólo contribuyen a generar malestar y preocupación”.