La ministra de Defensa, Nilda Garré, dijo este miércoles que el juez Guillermo Tiscornia incurrió en "una nueva provocación, a las que ya nos tiene acostumbrados", a la vez que lo acusó de “extorsión”, al citarla a declarar por un presunto contrabando de armas a Estados Unidos.
"Es más redituable en su doble objetivo de extorsionar y de victimizarse en las vísperas inminentes de su juicio político, tirar un manto de sospecha sobre una ministra de la Nación", denunció la funcionaria en uno de los párrafos del comunicado que envió desde el Ministerio para calificar la actuación del juez.
Además, la titular de Defensa dijo que ella "cumplió correcta y responsablemente” la acotada tarea que las normas vigentes le señalan en este caso, que es poner en forma de resolución la decisión de la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico.
Integran esa Comisión un embajador y dos funcionarios del nivel de Director Nacional, junto a representantes de los ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Defensa.
"Las funciones de esta Comisión sólo se limitan a aprobar si la solicitud de licencia previa de exportación que se le formula puede vulnerar compromisos internacionales asumidos por el país, al –eventualmente– encubrir sustancias, elementos, tecnologías o equipamientos para fabricar armas de destrucción masiva", explicó.
Garré subrayó que "sólo a esto se circunscribe la acción de la Comisión", mientras que "para el control de las normas aduaneras existe el organismo competente, que realizó adecuadamente su labor e impidió un perjuicio al Estado".
"Para colmo, el juez ignora que la dirección General de Fabricaciones Militares", responsable de la exportación investigada, "dejó de depender del Ministerio de Defensa desde el 29 de abril de 1996", puntualizó la ministra.
El destino de esa venta era en Estados Unidos la empresa JLD Enterprises Inc., propiedad del argentino José Luis Díaz, autorizada a operar con Fabricaciones Militares por la aludida Comisión que controla las exportaciones de material bélico.
Fabricaciones Militares dependió del Ministerio de Economía entre el 29 de abril de 1996 y el 17 de agosto de 2006, cuando pasó a la jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal.
"Es más redituable en su doble objetivo de extorsionar y de victimizarse en las vísperas inminentes de su juicio político, tirar un manto de sospecha sobre una ministra de la Nación", denunció la funcionaria en uno de los párrafos del comunicado que envió desde el Ministerio para calificar la actuación del juez.
Además, la titular de Defensa dijo que ella "cumplió correcta y responsablemente” la acotada tarea que las normas vigentes le señalan en este caso, que es poner en forma de resolución la decisión de la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico.
Integran esa Comisión un embajador y dos funcionarios del nivel de Director Nacional, junto a representantes de los ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Defensa.
"Las funciones de esta Comisión sólo se limitan a aprobar si la solicitud de licencia previa de exportación que se le formula puede vulnerar compromisos internacionales asumidos por el país, al –eventualmente– encubrir sustancias, elementos, tecnologías o equipamientos para fabricar armas de destrucción masiva", explicó.
Garré subrayó que "sólo a esto se circunscribe la acción de la Comisión", mientras que "para el control de las normas aduaneras existe el organismo competente, que realizó adecuadamente su labor e impidió un perjuicio al Estado".
"Para colmo, el juez ignora que la dirección General de Fabricaciones Militares", responsable de la exportación investigada, "dejó de depender del Ministerio de Defensa desde el 29 de abril de 1996", puntualizó la ministra.
El destino de esa venta era en Estados Unidos la empresa JLD Enterprises Inc., propiedad del argentino José Luis Díaz, autorizada a operar con Fabricaciones Militares por la aludida Comisión que controla las exportaciones de material bélico.
Fabricaciones Militares dependió del Ministerio de Economía entre el 29 de abril de 1996 y el 17 de agosto de 2006, cuando pasó a la jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal.
