Gran Bretaña ratificó este martes su soberanía sobre las islas Malvinas a través de su embajada en Buenos Aires, cuyos voceros afirmaron por tarde que la decisión de la presidenta Cristina Kirchner de exigir una autorización previa a los barcos que unan el continente con las islas es un tema de cómo la Argentina "aplica sus leyes".
"El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las islas Falklands –como le llaman a las Malvinas– y territorios marítimos circundantes y tiene totalmente claro que la exploración de hidrocarburos es un emprendimiento totalmente legítimo", afirmaron a la agencia DyN representantes diplomáticos en la Capital Federal.
Consultados sobre el decreto de la presidenta que obliga a los buques que quieran viajar a Malvinas a pedir una autorización del gobierno, los voceros se limitaron a señalar que "es un tema para la Argentina de cómo aplica sus leyes dentro de sus propios territorios".
La decisión del gobierno surge en momentos en que empresas petroleras británicas anunciaron el inicio de las actividades de exploración de hidrocarburos en la zona en disputa.
El decreto presidencial subraya que "todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos".
El decreto 256, firmado a la mañana por la jefa del Estado, dispone además la creación, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, de la Comisión Permanente de Evaluación de Regulaciones, la que estará integrada por representantes de las áreas pertinentes de los ministerios de Planificación, Justicia, Economía, Industria y Turismo y la Cancillería.
Esta comisión tendrá a su cargo coordinar las acciones necesarias para aplicar el decreto y actuar como organismo de asesoramiento y consulta de la autoridad nacional competente.
En los considerandos del decreto se señala que la Argentina "ha puesto en conocimiento de las empresas vinculadas con las ilegítimas actividades propiciadas" por Gran Bretaña, "y de los gobiernos de los países en que dichas empresas tienen su sede, tanto su posición como su protesta ante el gobierno británico".
Se enumeran además las diversas resoluciones de la ONU, de la OEA y de otros organismos internacionales que han reconocido "una disputa de soberanía" debido a la "ilegítima ocupación" de las Islas Malvinas, incumplidas por Gran Bretaña.
También se detallan las normas dictadas por la Argentina en defensa de sus recursos naturales, en espacios marítimos e insulares que son "parte irrenunciable del territorio nacional", y que, entre otras, fundamentan el decreto 256.
La firma del decreto fue anunciada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en una conferencia de prensa que brindó en el Salón Sur. El funcionario sostuvo que "es de público conocimiento que el Reino Unido ha comenzado la búsqueda de recursos hidrocarburíferos en la zona de las islas Malvinas" y recordó que la Argentina ha insistido en todos los foros internacionales que Gran Bretaña debe ajustarse "al derecho internacional", en cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas (ONU).
El 10 de febrero último, la Cancillería denunció que el buque de bandera extranjera Thor Leader iba a ser empleado en el puerto de Campana para transportar un cargamento de tubos sin costura producido en la Argentina.
Ese material "fue prohibido por la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables por haber incurrido en contravenciones a las normas relativas a operaciones portuarias vigentes en la Argentina", se indicó.
La Cancillería agregó en aquel momento que "los registros de navegación de dicho buque indican que en enero pasado operó en Puerto Argentino, sin que obren constancias de haber sido despachado por las autoridades portuarias argentinas competentes".
"El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las islas Falklands –como le llaman a las Malvinas– y territorios marítimos circundantes y tiene totalmente claro que la exploración de hidrocarburos es un emprendimiento totalmente legítimo", afirmaron a la agencia DyN representantes diplomáticos en la Capital Federal.
Consultados sobre el decreto de la presidenta que obliga a los buques que quieran viajar a Malvinas a pedir una autorización del gobierno, los voceros se limitaron a señalar que "es un tema para la Argentina de cómo aplica sus leyes dentro de sus propios territorios".
La decisión del gobierno surge en momentos en que empresas petroleras británicas anunciaron el inicio de las actividades de exploración de hidrocarburos en la zona en disputa.
El decreto presidencial subraya que "todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos".
El decreto 256, firmado a la mañana por la jefa del Estado, dispone además la creación, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, de la Comisión Permanente de Evaluación de Regulaciones, la que estará integrada por representantes de las áreas pertinentes de los ministerios de Planificación, Justicia, Economía, Industria y Turismo y la Cancillería.
Esta comisión tendrá a su cargo coordinar las acciones necesarias para aplicar el decreto y actuar como organismo de asesoramiento y consulta de la autoridad nacional competente.
En los considerandos del decreto se señala que la Argentina "ha puesto en conocimiento de las empresas vinculadas con las ilegítimas actividades propiciadas" por Gran Bretaña, "y de los gobiernos de los países en que dichas empresas tienen su sede, tanto su posición como su protesta ante el gobierno británico".
Se enumeran además las diversas resoluciones de la ONU, de la OEA y de otros organismos internacionales que han reconocido "una disputa de soberanía" debido a la "ilegítima ocupación" de las Islas Malvinas, incumplidas por Gran Bretaña.
También se detallan las normas dictadas por la Argentina en defensa de sus recursos naturales, en espacios marítimos e insulares que son "parte irrenunciable del territorio nacional", y que, entre otras, fundamentan el decreto 256.
La firma del decreto fue anunciada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en una conferencia de prensa que brindó en el Salón Sur. El funcionario sostuvo que "es de público conocimiento que el Reino Unido ha comenzado la búsqueda de recursos hidrocarburíferos en la zona de las islas Malvinas" y recordó que la Argentina ha insistido en todos los foros internacionales que Gran Bretaña debe ajustarse "al derecho internacional", en cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas (ONU).
El 10 de febrero último, la Cancillería denunció que el buque de bandera extranjera Thor Leader iba a ser empleado en el puerto de Campana para transportar un cargamento de tubos sin costura producido en la Argentina.
Ese material "fue prohibido por la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables por haber incurrido en contravenciones a las normas relativas a operaciones portuarias vigentes en la Argentina", se indicó.
La Cancillería agregó en aquel momento que "los registros de navegación de dicho buque indican que en enero pasado operó en Puerto Argentino, sin que obren constancias de haber sido despachado por las autoridades portuarias argentinas competentes".
