Nueve contenedores con uranio tienen como destino Córdoba. Pero la organización ambientalista Greenpeace intentará evitar que lleguen a destino, ante los riesgos que acarrea el traslado del elemento y porque –denuncia– se violan normas vigentes. “El gobierno de la ciudad emitió una orden de no mover el cargamento” del lugar en que se encuentra actualmente, en la zona portuaria de Buenos Aires, explicó Juan Carlos Villalonga, director político de Greenpeace. Por eso, la entidad montó una guardia permanente en las adyacencias del depósito fiscal. “Este transporte por la calles de la ciudad es sumamente peligroso y desconoce el rechazo de la población a la energía nuclear. Muchos municipios y provincias prohíben el transporte nuclear por su territorio, en una clara actitud precautoria”, declaró Juan Casavelos, coordinador de la campaña de energía de Greenpeace. “Contrariamente a lo que afirma la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el tránsito de uranio para la fabricación de combustible nuclear se encuentra expresamente prohibido en la Constitución porteña y este cargamento no está destinado a ningún uso medicinal o industrial, como sostienen los funcionarios de la Comisión”, remarcó. El mineral tiene como destino la planta de la empresa Dioxitek S.A. en Córdoba, donde será utilizado para la elaboración de dióxido de uranio, materia prima para la elaboración del combustible nuclear de las centrales atómicas de Atucha I y Embalse, informó Greenpeace. El uranio, proveniente de Houston (Estados Unidos), ingresó el viernes al puerto de Buenos Aires, desde donde fue trasladado al depósito fiscal de la empresa Tefasa, en la dársena sur de ese puerto.