En Honduras murieron por lo menos 1.600 menores de cinco años durante los cuatro meses que
lleva la crisis provocada por el golpe de estado del 28 de junio, denunció este miércoles el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Las muertes se producen a razón de 13 niños por día y "las unidades materno-infantiles de los principales hospitales públicos ya no dan abasto para atender las demandas de atención de servicios de salud, cuyo funcionamiento amenaza con colapsar", agrega el organismo en un comunicado que reproduce la agencia noticiosa ANSA.
Unicef dijo también que más de 1,8 millones de niños que asisten a escuelas públicas "han prácticamente perdido el presente período académico", ya que el gobierno de facto, en el marco de las protesas de la resistencia, con fuerte participación del gremio docente, adelantó el fin de las clases.
"Esta emergencia silenciosa, que tiene causas crónicas y estructurales, se ve agravada por violaciones directamente relacionadas con la actual situación del país", agregó Unicef.
El organismo internacional precisó además que entre fines de junio y septiembre los principales organismos defensores de derechos humanos en Honduras documentaron al menos "79 casos de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos han sido violentados en acciones represivas".
"Entre los tipos de derechos vulnerados, se citan el derecho a la vida (ejecución, amenazas de muerte), el derecho a la integridad personal (tratos crueles, lesiones graves y golpes, heridos de bala), el derecho a la libertad (hostigamiento, persecución policial y militar, detención ilegal, uso abusivo de la fuerza)", apuntó el texto.
Unicef hizo un llamado a las autoridades civiles y militares para que respeten la Convención de los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por Honduras.
La denuncia la hizo Unicef en momentos en que una misión de funcionarios del gobierno de Estados Unidos intenta que el régimen de facto de Honduras, que encabeza Roberto Mocheletti, y el depuesto presidente, Manuel Zelaya, logren un acuerdo para la reinstalación del orden constitucional y finalizar la crisis política.
Fuente: Télam
lleva la crisis provocada por el golpe de estado del 28 de junio, denunció este miércoles el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Las muertes se producen a razón de 13 niños por día y "las unidades materno-infantiles de los principales hospitales públicos ya no dan abasto para atender las demandas de atención de servicios de salud, cuyo funcionamiento amenaza con colapsar", agrega el organismo en un comunicado que reproduce la agencia noticiosa ANSA.
Unicef dijo también que más de 1,8 millones de niños que asisten a escuelas públicas "han prácticamente perdido el presente período académico", ya que el gobierno de facto, en el marco de las protesas de la resistencia, con fuerte participación del gremio docente, adelantó el fin de las clases.
"Esta emergencia silenciosa, que tiene causas crónicas y estructurales, se ve agravada por violaciones directamente relacionadas con la actual situación del país", agregó Unicef.
El organismo internacional precisó además que entre fines de junio y septiembre los principales organismos defensores de derechos humanos en Honduras documentaron al menos "79 casos de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos han sido violentados en acciones represivas".
"Entre los tipos de derechos vulnerados, se citan el derecho a la vida (ejecución, amenazas de muerte), el derecho a la integridad personal (tratos crueles, lesiones graves y golpes, heridos de bala), el derecho a la libertad (hostigamiento, persecución policial y militar, detención ilegal, uso abusivo de la fuerza)", apuntó el texto.
Unicef hizo un llamado a las autoridades civiles y militares para que respeten la Convención de los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por Honduras.
La denuncia la hizo Unicef en momentos en que una misión de funcionarios del gobierno de Estados Unidos intenta que el régimen de facto de Honduras, que encabeza Roberto Mocheletti, y el depuesto presidente, Manuel Zelaya, logren un acuerdo para la reinstalación del orden constitucional y finalizar la crisis política.
Fuente: Télam
