Un juez porteño ordenó la inhibición general de los bienes de Antonio Bussi para que el ex represor pueda hacer frente a las costas y honorarios del juicio que perdió contra el escritor Tomás Eloy Martínez. El juez nacional en lo Civil número 80 porteño, Daniel Alioto, había dispuesto que la medida fuera inscripta en el Registro Inmobiliario de Tucumán, porque Bussi "adeuda 35.000 pesos en honorarios de abogados y perdió el depósito de 3.000 pesos que habilita toda acción civil", aseguró Bernardo Lobo Bugeau.

El ex secretario de Derechos Humanos de la provincia precisó a Télam que "Bussi elude el pago de honorarios que tienen carácter alimentario para los abogados, mostrándose como deudor contumaz y agotando a los tribunales con idas y vueltas". La inhibición fue dispuesta, porque tanto en primera como en segunda instancia desestimaron la acción resarcitoria por 100.000 pesos, que el ex gobernador (1995-1999) había intentado contra Martínez por un artículo que este publicó en "La Nación" sobre la expulsión de mendigos tucumanos hacia Catamarca durante el gobierno militar de 1977.

En la nota Martínez había calificado de "pequeño tirano" a Bussi, razón por la cual el ex gobernador de facto de Tucumán accionó por haberse sentido supuestamente injuriado, al igual que por otras expresiones deslizadas en el artículo, como "feroz exterminador de disidentes".

La Cámara Nacional en lo Civil, al confirmar la desestimación de la demanda resuelta por Alioto, concluyó que lo de Martínez fue "la expresión literaria más que periodística pura, la historia novelada o lo que comúnmente se denomina el género de la novela histórica y contiene los componentes y las licencias propias de tal modo de expresión".

Asimismo, el tribunal porteño destacó el valor preferente que tiene en nuestro ordenamiento jurídico la libertad de prensa y aclaró que "las personas públicas se han expuesto voluntariamente a un mayor riesgo de sufrir perjuicio por noticias difamatorias".

Bussi se encuentra detenido en los ex Arsenales Miguel de Azcuénaga, ubicados en las afueras de la capital tucumana, imputado y procesado en unas 500 causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.