Que no se pare la causa. Eso parece ser lo que motivó al juez Jorge Eldo Juárez a dictar la inhibición de bienes de cuatro dirigentes –suspendidos– de Central y un abogado del foro local por cinco millones de pesos a cada uno, mientras se decide si él o Luis María Caterina deben tramitar finalmente en el expediente en el que se investigan estafas contra el club de Arroyito en las que supuestamente participaron integrantes de su propia comisión directiva.
La medida de Juárez tiene una particularidad no habitual: de los cinco millones mencionados, uno corresponde al "daño moral" estimado contra el club, perjudicado en su imagen.
La inhibición de bienes afecta a Juan Dalbes, Gonzalo Estévez, Carlos Casati y Mauricio Salvo –tres de los integrantes de la comisión directiva suspendida en sus funciones por jueza Liliana Giorgetti, que tiene a su cargo el concurso de acreedores de Central–, y el abogado Wilfredo Scarpello.
Según explica en el fallo el magistrado, la medida es cautelar en tanto se resuelve la cuestión de la competencia, ya que él le había enviado la causa a Caterina y éste se la devolvió argumentando que no estaba relacionada con otra sobre Central que se tramita en su juzgado.
“En tanto se evalúa si será aceptada o rechazada la devolución de estas causas, este Tribunal habrá de intervenir”, explica Juárez en el escrito, en el que además rechaza la tipificación de asociación ilícita que según la fiscal podría caberle a los delitos investigados, además de estafas.
En el fallo del magistrado se menciona la desaparición del libro de actas –cuando Pablo Scarabino reasumió la presidencia del club– y la posterior restitución, y se habla también de un pagaré que en su momento la jueza Liliana Giorgetti ordenó que se usa para pagar atrasados del plantel y los empleados, cosa que los miembros de comisión directiva ahora suspendidos no cumplieron.
La cuestión es que aparentemente ese pagaré se habría desviado cediéndoselo a Scarpello, para inflar el monto de una deuda, que “si bien era real y fue contraída mientras Scarabino presidía el club, no era del monto del pagaré”.
El delito que implicaría la maniobra de “inflar” la deuda con Scarpello, entiende Juárez, sería “estafa procesal”. “No comparto, por el momento y sin perjuicio de la prueba a rendirse durante el progreso de la instrucción, la calificación de asociación ilícita que postula la Fiscalía, ya que estimo que se trata de un hecho de falsedad incorporado al libro de actas tratando de validar el convenio con Scarpello que constituiría una importante (por sus montos) y compleja (por sus mecanismos) defraudación en perjuicio de la institución y de terceros”, agrega en el escrito.
La medida de Juárez tiene una particularidad no habitual: de los cinco millones mencionados, uno corresponde al "daño moral" estimado contra el club, perjudicado en su imagen.
La inhibición de bienes afecta a Juan Dalbes, Gonzalo Estévez, Carlos Casati y Mauricio Salvo –tres de los integrantes de la comisión directiva suspendida en sus funciones por jueza Liliana Giorgetti, que tiene a su cargo el concurso de acreedores de Central–, y el abogado Wilfredo Scarpello.
Según explica en el fallo el magistrado, la medida es cautelar en tanto se resuelve la cuestión de la competencia, ya que él le había enviado la causa a Caterina y éste se la devolvió argumentando que no estaba relacionada con otra sobre Central que se tramita en su juzgado.
“En tanto se evalúa si será aceptada o rechazada la devolución de estas causas, este Tribunal habrá de intervenir”, explica Juárez en el escrito, en el que además rechaza la tipificación de asociación ilícita que según la fiscal podría caberle a los delitos investigados, además de estafas.
En el fallo del magistrado se menciona la desaparición del libro de actas –cuando Pablo Scarabino reasumió la presidencia del club– y la posterior restitución, y se habla también de un pagaré que en su momento la jueza Liliana Giorgetti ordenó que se usa para pagar atrasados del plantel y los empleados, cosa que los miembros de comisión directiva ahora suspendidos no cumplieron.
La cuestión es que aparentemente ese pagaré se habría desviado cediéndoselo a Scarpello, para inflar el monto de una deuda, que “si bien era real y fue contraída mientras Scarabino presidía el club, no era del monto del pagaré”.
El delito que implicaría la maniobra de “inflar” la deuda con Scarpello, entiende Juárez, sería “estafa procesal”. “No comparto, por el momento y sin perjuicio de la prueba a rendirse durante el progreso de la instrucción, la calificación de asociación ilícita que postula la Fiscalía, ya que estimo que se trata de un hecho de falsedad incorporado al libro de actas tratando de validar el convenio con Scarpello que constituiría una importante (por sus montos) y compleja (por sus mecanismos) defraudación en perjuicio de la institución y de terceros”, agrega en el escrito.
