El intendente de la ciudad fueguina de Río Grande, Gustavo Melella, está bajo investigación judicial por pedir favores sexuales a hombres indigentes a cambio de trabajo.
Las denuncias incluyen el testimonio, como presuntas víctimas, de Alfredo Suasnabar, un trabajador de la construcción de 55 años, y de Damián Rivas, un carpintero de 48.
La causa también contiene la versión brindada a la justicia por otro albañil, de nombre "Mario", quien hace 20 días regresó a Formosa, su provincia natal, y la de Hugo Moya, ex custodio del intendente, quien corrobora algunos aspectos de las denuncias.
Melella, de origen radical y luego volcado al partido kirchnerista Forja, sostuvo este domingo que todas esas denuncias son "una campaña sucia" en su contra.
Suasnabar y Rivas dijeron haber conocido al intendente cuando visitó su barrio y le solicitaron trabajo. Los trabajadores sostienen que les pidió los números de sus teléfonos personales y que lo visitaran en el municipio.
"Empezó a mandarme mensajes de WhatsApp y también me llamaba y me preguntaba si la tenía grande, en referencia al pene, porque él la quería sentir, y siempre me pedía si conocía a alguien para presentarle", declaró Rivas al juez riograndense Raúl Sahade, a cargo de la investigación.
"Me decía que yo era un cagón y que nunca iba a hacer nada, y que no podía creer que no tenía ningún conocido para presentarle. Pero yo no iba a llevar a nadie conocido para eso", agregó este testigo, citado por Infobae.
Por su parte Suasnabar declaró que en momentos en que estaba desempleado, "sin un peso" para mantener a su familia, el intendente le pidió que fuera a verlo en su departamento.
"(…) me fui para ahí pensando en que iba a tener trabajo. Subí, me atendió el señor, y me abrazó, me besó y empezó a hacerme cosas, me bajó los pantalones y se mandó el miembro en su boca", afirmó.
"Yo lo que hice es apartarlo, le dije «pará, qué es lo que pasa, yo vengo por el trabajo, no por esto». Y él me decía "entregate, papito, entregate", aseguró Suasnabar.
La causa judicial comenzó a fines de agosto pasado, cuando el abogado Francisco Giménez denunció ante el fiscal Guillermo Quadrini una posible defraudación en obras contratadas por el municipio de Río Grande en el Centro Tecnológico y el Polideportivo del barrio Margen Sur.
Rivas, Suasnabar y "Mario" declararon a los pocos días como presuntos damnificados, ya que aseguran haber hecho trabajos que nunca cobraron, pero en ese contexto detallaron los supuestos acosos de Melella.
"Mario" dijo que el intendente le empezó a decir que si quería entrar en la Municipalidad era a cambio de que esté con él.
"Me empezó a tocar y tuve miedo de que me haga una denuncia porque es funcionario público, pero necesitaba plata en ese momento", aseguró.
"Me tocaba el pene por arriba de la ropa, y me dijo que, si yo estaba con él, iba a entrar a la Municipalidad, que me acostara con él (…) tuve relaciones sexuales con él, pero porque él me apuró, yo tenía miedo", declaró "Mario" ante el juez Sahade.
"Recuerdo que no le gustó que yo le diga que no era así como tenían que ser las cosas, así que decidí irme y me dio 500 pesos", agregó en su declaración.
A su vez Moya, el ex custodio del intendente, contó que él llevaba hombres al departamento del funcionario, que permanecían allí unos 45 minutos, y que lo mismo sucedía en el despacho municipal
Según el abogado Giménez, a partir de entonces se produjo una "manifiesta inacción judicial" respecto de los presuntos abusos.
"El juez, una vez recibida la denuncia, en lugar de enviarla inmediatamente al fiscal para que requiriera la instrucción de una causa, y de esa manera empezar a tomar medidas, se guardó el expediente en su despacho durante más de un mes", afirmó el abogado.
El abogado contó además que el juez ordenó allanar las empresas involucradas en la presunta defraudación y pidió documentación al municipio.
Pero en el caso de los abusos "no tomó ninguna medida" pese a que los denunciantes "presentaron como prueba los mensajes de audio del intendente para que sea peritados", afirmó Giménez.
"Hace diez días le volví a solicitar al juez que ordene pericias sobre los teléfonos, que secuestre el móvil de Melella, lo habitual en este tipo de casos", apuntó.
"Incluso pedí una orden de restricción de acercamiento del intendente respecto de las víctimas, que dicen haber sufrido amenazas en estos días. Y tampoco hizo absolutamente nada", insistió el abogado, aceptado como querellante en la causa.
Giménez opinó que "seguramente el comportamiento de la Justicia hubiese sido muy diferente" si las presuntas víctimas hubiesen sido mujeres y si el acusado no hubiese sido el intendente.
