Otro trámite formal fue completado en la pelea diplomática con Uruguay por la instalación de la papelera Botnia en las costas del río Uruguay. La representante legal de la Cancillería argentina, Susana Ruiz Cerruti, entregó la demanda contra el país vecino al secretario de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Philippe Couvreur, en el Palacio de La Paz.
Ruiz Cerrutti entregó dos copias -cada una de 4.000 páginas y ocho volúmenes- de la "memoria" de la demanda al Tribunal Internacional, acompañada por el director del Instituto de Servicio Exterior Argentino, Horacio Basabe, y el embajador en Países Bajos, Santos Goñi Marenco.
La memoria contiene los fundamentos de la demanda contra el Estado uruguayo por violación del Tratado del Río Uruguay. La posición Argentina sostiene que el Estatuto del Río Uruguay fue violado en cinco oportunidades por el gobierno del país vecino en lo que constituye "el núcleo de la controversia que planteó la Argentina ante la Corte, en defensa de sus derechos vulnerados", según indicaron voceros diplomáticos.
Esas violaciones marcadas por la Argentina son las dos autorizaciones de Uruguay para iniciar los proyectos de las pastas de celulosa de la finlandesa Botnia y la española Ence; la instalación de un puerto primero y las instalaciones conexas luego en Fray Bentos y por último, el permiso para la extracción de importantes volúmenes de agua para la producción.
"En todos estos casos, Uruguay incumplió normas de procedimiento previstas en el Estatuto, como los mecanismos de información y consultas previas cuando una obra pueda afectar la navegación, la calidad de las aguas o el régimen del río como recurso compartido", indicaron fuentes de la Cancillería.
El gobierno argentino sostiene además que Uruguay no cumplió con la protección del curso de agua frente a un proyecto industrial que "por su magnitud y localización son pasibles de perjudicar sensiblemente el ecosistema", en alusión a la planta de Botnia.
A partir de ahora, Uruguay tiene seis meses para presentar su "contramemoria", y la Corte podrá volver a llamar a audiencias a las partes si lo considera necesario.
La etapa que le sigue a la de "memoria" y "contramemoria" es la de "réplica" y "dúplica", lo que precederá a la etapa final que será la decisión de la Corte respecto a si hubo o no violación del Estatuto del Río Uruguay, proceso que podría tomar entre cuatro y cinco años.
Ruiz Cerrutti entregó dos copias -cada una de 4.000 páginas y ocho volúmenes- de la "memoria" de la demanda al Tribunal Internacional, acompañada por el director del Instituto de Servicio Exterior Argentino, Horacio Basabe, y el embajador en Países Bajos, Santos Goñi Marenco.
La memoria contiene los fundamentos de la demanda contra el Estado uruguayo por violación del Tratado del Río Uruguay. La posición Argentina sostiene que el Estatuto del Río Uruguay fue violado en cinco oportunidades por el gobierno del país vecino en lo que constituye "el núcleo de la controversia que planteó la Argentina ante la Corte, en defensa de sus derechos vulnerados", según indicaron voceros diplomáticos.
Esas violaciones marcadas por la Argentina son las dos autorizaciones de Uruguay para iniciar los proyectos de las pastas de celulosa de la finlandesa Botnia y la española Ence; la instalación de un puerto primero y las instalaciones conexas luego en Fray Bentos y por último, el permiso para la extracción de importantes volúmenes de agua para la producción.
"En todos estos casos, Uruguay incumplió normas de procedimiento previstas en el Estatuto, como los mecanismos de información y consultas previas cuando una obra pueda afectar la navegación, la calidad de las aguas o el régimen del río como recurso compartido", indicaron fuentes de la Cancillería.
El gobierno argentino sostiene además que Uruguay no cumplió con la protección del curso de agua frente a un proyecto industrial que "por su magnitud y localización son pasibles de perjudicar sensiblemente el ecosistema", en alusión a la planta de Botnia.
A partir de ahora, Uruguay tiene seis meses para presentar su "contramemoria", y la Corte podrá volver a llamar a audiencias a las partes si lo considera necesario.
La etapa que le sigue a la de "memoria" y "contramemoria" es la de "réplica" y "dúplica", lo que precederá a la etapa final que será la decisión de la Corte respecto a si hubo o no violación del Estatuto del Río Uruguay, proceso que podría tomar entre cuatro y cinco años.
