La Justicia Federal avaló este martes la realización de estudios de ADN para determinar la identidad de bebés robados en la última dictadura mediante el uso de muestras alternativas a la extracción sanguínea, obtenidas en
allanamientos, como por ejemplo cabellos. 

Los camaristas Gabriel Cavallo y Eduardo Freiler fallaron así en el caso de Guillermo Gabriel Prieto, un joven que se negó a realizarse una extracción de sangre y llevó su caso hasta la Corte Suprema de Justicia, que tendrá ahora la última palabra en cuanto a esta nueva resolución. 

El 6 de junio de 2005, mientras la Corte estudiaba su negativa a sacarse sangre, la juez federal María Servini de Cubría ordenó allanar su casa en busca de elementos, como pelos, que permitieran realizar el estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos. 

Prieto, querellante en la causa, objetó esta medida respaldada ahora por la Cámara que estableció que en estos casos prevalece "el derecho a la protección de la familia de los parientes de los desaparecidos", según el fallo al que accedió Télam. 

El caso de Prieto es parte de una denuncia presentada por Abuelas de Plaza de Mayo relativa a la sustracción de 95 recién nacidos en centros clandestinos de detención en la última dictadura militar. En esta investigación están imputados quienes aparecen como los padres biológicos del joven, el ex miembro de la Marina Guillermo Prieto y su esposa Emma Rugnone. 

"Hay una sospecha seria dirigida contra el matrimonio Prieto en cuanto a que se apropiaron de un menor hijo de desaparecidos, lo que justificó que Servini intentase establecer la verdadera identidad biológica", consideraron los jueces. En la causa se sospecha que Prieto podría ser hijo biológico de María Ester Peralta y Oscar Zalazar, secuestrados el 29 de abril de 1976 en la villa 21 del barrio porteño de Barracas cuando la mujer estaba embarazada de cinco meses. 

Zalazar apareció muerto en un presunto "enfrentamiento" días después mientras que su compañera sigue desaparecida y se sospecha que dio a luz en cautiverio. María Ester era madre de otros dos nenes de uno y dos años que fueron criados por la abuela materna, querellante en la causa. 

Servini de Cubría pretendía obtener muestras de objetos personales de Prieto para realizar estudios de histocompatibilidad y entrecruzarlos con datos genéticos de la familia Peralta-Zalazar y otros grupos de personas desaparecidas. Además si finalmente se concreta la medida, se buscará determinar si hay paternidad entre el joven y quienes lo anotaron como hijo biológico. 

"Establecer el origen del menor nos permitirá saber si estamos ante un delito de lesa humanidad", consideraron los camaristas al rechazar planteos de Prieto referidos a una posible violación a su intimidad y violencia física hacia su persona. El Tribunal entendió que "resulta decisivo para la solución del conflicto tener en cuenta que, paralelamente a los derechos del recurrente, se encuentran en juego el derecho a la protección de la familia de los parientes que aún viven del niño apropiado". 

"De no realizarse la medida, estaríamos ante la afectación de tales derechos familiares de terceros, pues no puede desconocerse que el origen del problema no es el abandono o la entrega voluntaria del menor por parte de su padres, sino el delito de sustracción de menores", advirtieron. 

Los familiares de los padres secuestrados del menor "tienen innegable derecho a requerir que se investigue a los responsables de la sustracción, retención y ocultamiento" del niño nacido en cautiverio y "conocer su destino para reestablecer lazos que les fueron privados violentamente".