Robaron su edificio, su casa, el quiosco de la cuadra, su barrio. Cansado de esta situación, el ciudadano Hugo Peralta accionó judicialmente contra el estado provincial, amparado en la ley 10 mil de Intereses Difusos, para  pedir más seguridad para la ciudad de Rosario. Denunció que tanto el edificio donde habita como el barrio en conjunto (vive en el microcentro rosarino, a cinco cuadras apenas de la sede local del gobierno de la provincia) soportan a diario numerosos episodios de violencia y robo que podrían ser prevenidos si existiera en la ciudad una mayor vigilancia policial.

La Justicia de Primera Instancia, a través del juzgado Civil y Comercial Nº 1 había respondido favorablemente a los reclamos de Peralta, pero luego el Estado provincial apeló. Este jueves se conoció la resolución de la Sala 3ª de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales de Rosario, según la cual Néstor Sagüés, María del Carmen Álvarez y Mario Chaumet entienden que Peralta tiene derecho al reclamo efectuado a la provincia e insta al Estado provincial a accionar en consecuencia.

La Resolución Nº 486 confirma el fallo de primera Instancia: dispone un plazo de 90 días para que la provincia emita un informe en el que determine las acciones a seguir para garantizar la seguridad en Rosario y ordena al Estado provincial que incremente la presencia y el patrullaje policial en la vía pública, de acuerdo a la razonable discrecionalidad del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe.

A partir de la fecha de notificación de la mencionada resolución, la provincia tendrá 10 días de plazo para decidir si cumplirá el fallo o lo recurrirá por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia.