La jueza de Menores N° 1, María del Carmen Musa, hizo lugar a un recurso de amparo presentado por los trabajadores del Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (Irar), ubicado en Saavedra y Cullen, por las malas condiciones edilicias del lugar.

El personal que trabaja en esa dependencia –asistentes sociales y empleados de áreas técnicas– habían planteado la demanda de amparo con la finalidad de mejorar las condiciones físicas y laborales del lugar. Eso mismo denunciaron en otras oportunidades los familiares de los internos y la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), que recorrió de manera exhaustiva las instalaciones en más de una ocasión.

Según los fundamentos expresados en la medida dispuesta por la Justicia, se da curso al recurso de amparo con el objetivo de arribar a una solución que termine con las múltiples irregularidades que existen en el Instituto, y que lo hacen inhabitable tanto para los 38 menores en conflicto con la ley penal allí alojados, como para el personal.

Omisión cíclica

En marzo de este año, la jueza de Menores Carolina Hernández había hecho lugar a un recurso de hábeas corpus correctivo para que un grupo de chicos alojados en un pabellón del Irar sean reubicados en otro lugar del organismo. La medida también incluyó un pedido expreso para que se realicen una serie de mejoras edilicias en ese lugar, como reforzar la calidad de las instalaciones eléctricas y arreglar las cloacas.

“Si buscamos antecedentes, podemos comprobar que lo que ocurre en el Irar es cíclico y podemos ver que cada cinco o seis meses pasa lo mismo: un juez ordena una constatación, luego ordena limpiar y arreglar el edificio, y después todo vuelve a ser como era”, aseguró a Rosario3.com Carmen Maidagan, de la CTC, y agregó que "falta  una política de Estado que solucione los problemas de fondo, y no se limite a poner parches".

La dirigente remarcó además, que las condiciones de detención de los menores son pésimas, no sólo por el hacinamiento y la suciedad en que viven, sino también por el maltrato al que son sometidos y por la falta de educación que el Estado provincial debería garantizar.

“Hoy esos chicos no van a la escuela, ni reciben ningún tipo de formación, y el Estado es responsable de esa omisión, ya que la educación primaria y secundaria son obligatorias por ley”, remarcó Maidagan.