A partir de ahora deberá haber más policías patrullando las calles de la ciudad. La decisión corresponde al juez de la primera nominación Jorge Scavone que ordenó al gobierno provincial intensificar el control policial en las calles de Rosario. El magistrado dio lugar al recurso interpuesto por Hugo Peralta, un ciudadano de Rosario, que demandó el año pasado al Estado provincial con el objetivo de que brindara mayor seguridad a la población y cumpliera con las medidas correspondientes de prevención de delitos. Preocupado por los índices de violencia registrados en Rosario, Hugo Peralta, docente jubilado de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) realizó una presentación en el marco de la Ley 10.000 de Intereses Difusos para que la provincia otorgue seguridad a todos los ciudadanos. Con el patrocinio de la abogada Marisa Malvestitti, Peralta realizó la presentación ante la Justicia, a la que adjuntó en concepto de pruebas una serie de artículos periodísticos difundidos en diarios y revistas que acreditan dicha situación. Además, sumó los relevamientos de la Secretaría de Salud Pública municipal (con los registros de heridos en episodios de violencia callejera) y de la Secretaría de Servicios Públicos (sobre la circulación del transporte urbano de pasajeros en el horario nocturno). "El demandante consideró que agregó a la causa las pruebas suficientes y que el Ministerio de Gobierno no hizo aportes sólidos en el Juzgado en lo Civil y Comercial a cargo del doctor Jorge Scavone, por eso se solicita que el magistrado dicte el fallo", explicó la abogada Marisa Malvestitti. La presentación fue realizada en mayo del año pasado y Peralta pidió a la Justicia rosarina que dicte sentencia. A partir de ahí, el juez Scavone hizo lugar al recurso y consideró que los esfuerzos del gobierno provincial son escasos en materia de seguridad. En este sentido, el magistrado ordenó a la provincia a poner más policías en las calles. "Es muy positivo que la Justicia se acerque a las necesidades de la gente a través de soluciones concretas como está", expresó Malvestitti. Y añadió: "El tema de la seguridad es una problemática que nos involucra a todos pero las autoridades muchas veces no agotan todas las herramientas que están en sus manos para resolver el conflicto". Por último, Malvestitti remarcó que "la provincia puede apelar el fallo pero las expectativas están puestas en que el proceso sigua la línea que se demostró hasta ahora". Este no es el primer recurso de amparo que Malvestitti presenta ante la Justicia en contra del gobierno provincial. En marzo de 2005, en medio del primero de los conflictos docentes de ese año, Malvestitti había promovido una "acción de amparo contra el gobierno de la provincia de Santa Fe y la Asociación del Magisterio de la provincia de Santa Fe (Amsafé)" con la pretensión de que "se ordene al gobierno de la provincia que garantice el ejercicio del derecho a la educación solucionando el conflicto docente y garantice también la continuidad del dictado de clases en las escuelas públicas". En tanto, en octubre de ese mismo año la jueza Silvia Cicutto resolvió aceptar el recurso de amparo interpuesto, por la abogada "por derecho propio y en representación de sus hijos menores" María Belén, Gabriel y David, que reciben el servicio de educación en una escuela pública de la ciudad.