La Cámara de Apelación en lo Penal envió nuevas directivas a los jueces sobre cómo controlar los vehículos que están a disposición de sus juzgados luego de recibir un informe del juez de Instrucción número 10, Alfredo Ivaldi Artacho, en donde se detallaban una serie de irregularidades en el depósito de automotores zona oeste, a cargo de la Unidad Regional II, ubicado en el límite entre Rosario y Pérez. También se informó de la situación al ministro de Gobierno y a las autoridades policiales para que actúen en consonancia.
El informe fue consecuencia de un caso investigado por Ivaldi Artacho en el que un particular denunció el robo de su auto en ese predio, ubicado en el tramo final de avenida Perón. Las investigaciones del magistrado derivaron en una serie de constataciones preocupantes, como el hecho de que el depósito no tiene cerco perimetral en algunas partes ni tampoco la iluminación correspondiente, lo que favorece los robos. De hecho, se plantea que la luz es obtenida a través de una virtual conexión “clandestina”, es decir, que están colgados de ese servicio.
También planteó la llamativa ausencia de organización administrativa. En el informe se indica que las unidades en custodia no tienen precintado de sus puertas, y no se encuentran debidamente clasificadas ni organizada su localización.
Por su parte, en el informe consta que personal de Bomberos Zapadores informó que el depósito no tiene ningún tipo de protección contra incendios, recomendando la instalación de no menos de 31 extintores bajo normas Iram.
A tal punto la situación es crítica que el magistrado definió al depósito en su informe como "el mejor ámbito para un asegurar el oscurecimiento de actos de malversación" o "para garantizar la impunidad". Y reclamó en consecuencia "una transformación integral de la organización, infraestructura y gestión operativa de la dependencia policial investigada".
