Los diputados socialistas Antonio Bonfatti y Raúl Lamberto presentaron en la Legislatura un pedido para que se declare la emergencia judicial en la provincia. El disparador del proyecto fue el fallo de la Corte Suprema de la Nación que benefició al ex juez Carlos Fraticelli. Ese fallo, “al descalificar lo actuado en las instancias judiciales santafesinas, por resultar contrario a la garantía que tiene toda persona de ser juzgada por un tribunal imparcial, ha colocado en situación de crisis al poder judicial santafesino”, sostienen los legisladores.

“Frente a una situación de crisis, se necesitan soluciones de crisis. La «mega reforma» al poder judicial diseñada a partir de la implementación del Programa Estratégico Judicial queda profundamente afectada frente a la situación de emergencia que se presenta a partir del fallo de la Suprema Corte”, aseguró Bonfatti.

Por su parte, Lamberto, reclamó la implementación de un plan de emergencia que sea superador del plan estratégico judicial. “No se puede continuar decorando el sistema cuando están cediendo los cimientos de toda el andamiaje judicial. Con tiempo se podrá continuar con las reformas planteadas, pero hoy se necesita dar respuesta urgente a la emergencia”, evaluó.

“La reforma a la Ley Orgánica de Poder Judicial debe garantizar en forma urgente la imparcialidad institucional en el procedimiento penal, con modificaciones en el organigrama del poder judicial en este fuero, garantizando donde resulte necesario, la existencia de cómo mínimo dos jueces penales y dos salas como cámaras de apelaciones en lo penal (Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto)", sostuvo Lamberto.

"Además, en aquellos lugares donde haya dos jueces penales se debería reasignar funciones para que se respete el principio de la imparcialidad. Estas modificaciones deberán garantizar que los jueces que intervengan en la etapa de instrucción no lo hagan en la etapa del juicio”, agregó, y concluyó: "Se deben continuar tratando las modificaciones que incorporen la oralidad, la etapa preparatoria controlada por jueces de garantía, la Defensoría Pública, un Ministerio Público autónomo, la tutela de la víctima, entre otras cosas, generando un cambio profundo en el procedimiento penal actual".