Uno de los puntos destacados por la presidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, en su primer discurso fue la comparación entre la situación de Argentina en la actualidad con la que reinaba en el año 2003 cuando su marido, el presidente Néstor Kirchner asumió la primera magistratura.
Pero a pesar de que las condiciones generales aparecen bastante más alentadoras que las que enmarcaron el caos institucional de cuatro años atrás, hay varios temas relevantes que la presidenta deberá enfrentar a partir del 10 de diciembre próximo.
“Hay cinco grandes temas que deberían ocupar la agenda inmediata del gobierno nacional”, afirma el politólogo Hugo Quiroga, a Rosario3.com, y cita en primer término la inseguridad, uno de los más nombrados por la población en todas las encuestas, junto con el desempleo.
Pero aún en medio del clima de festejo que dejó el triunfo de la víspera, los votantes que le dieron la espalda al oficialista Frente para la Victoria, insisten en que la materia pendiente que más alejó a los votantes de Cristina como candidata de la continuidad kirchnerista, fue la inflación incesante que en los últimos meses obligó a la población a pagar fortunas por productos esenciales de la canasta familiar. “Si bien Argentina tiene superávit fiscal para sostener un desborde inflacionario –explica Quiroga–, nuestra cultura hace que ante el menor síntoma de riesgo, corramos a refugiarnos en el dólar como moneda fuerte”.
En tercer y cuarto lugar, el politólogo ubica respectivamente la necesidad de eliminar la desigualdad social y la de mejorar la calidad institucional. “El crecimiento económico experimentado por el país no ha servido para limar las marcadas diferencias entre ricos y pobres”, afirma Quiroga, y añade que es importante bregar por “una democracia cada vez mas pública con más leyes y menos decretos de necesidad y urgencia”.
“Una vez garantizados estos cambios fundamentales –sostiene– habría que pensar en una mejor inserción de Argentina en el mundo (resolver el conflicto con Uruguay por las pasteras y optimizar el posicionamiento del país en el Mercosur) y una más eficaz vinculación con otros países y centros financieros”.
Aunque el problema inflacionario es el de mayor repercusión masiva en el bolsillo de los consumidores, para el economista Tulio Cecconi, junto a ese ítem el nuevo gobierno debería encarar un fuerte programa de inversiones y desmontarse el sistema de regulaciones y controles de precios que ya se ha demostrado no sirvió para lograr el objetivo planteado. “Lejos de garantizar la estabilidad de los precios, esos controles además de los subsidios cruzados, han causado efectos negativos en dos de nuestras actividades más importantes: la ganadería y la lechería”.
Para Cecconi, el nuevo gobierno nacional deberá resolver también compromisos más exigentes referidos al pago de la deuda que Argentina tiene con los acreedores extranjeros: “Los que no aceptaron el canje de la deuda, el club de París y las empresas de servicios públicos que iniciaron una catarata de juicios, tras la devaluación”.
“Un tema pendiente de resolución desde 1994 es la discusión sobre la coparticipación federal, ya que la provincia de Santa Fe aporta 3.500 millones de pesos por año al producto bruto nacional y no recibe beneficios en la proporción que correspondería”, afirma el economista.
Pero a pesar de que las condiciones generales aparecen bastante más alentadoras que las que enmarcaron el caos institucional de cuatro años atrás, hay varios temas relevantes que la presidenta deberá enfrentar a partir del 10 de diciembre próximo.
“Hay cinco grandes temas que deberían ocupar la agenda inmediata del gobierno nacional”, afirma el politólogo Hugo Quiroga, a Rosario3.com, y cita en primer término la inseguridad, uno de los más nombrados por la población en todas las encuestas, junto con el desempleo.
Pero aún en medio del clima de festejo que dejó el triunfo de la víspera, los votantes que le dieron la espalda al oficialista Frente para la Victoria, insisten en que la materia pendiente que más alejó a los votantes de Cristina como candidata de la continuidad kirchnerista, fue la inflación incesante que en los últimos meses obligó a la población a pagar fortunas por productos esenciales de la canasta familiar. “Si bien Argentina tiene superávit fiscal para sostener un desborde inflacionario –explica Quiroga–, nuestra cultura hace que ante el menor síntoma de riesgo, corramos a refugiarnos en el dólar como moneda fuerte”.
En tercer y cuarto lugar, el politólogo ubica respectivamente la necesidad de eliminar la desigualdad social y la de mejorar la calidad institucional. “El crecimiento económico experimentado por el país no ha servido para limar las marcadas diferencias entre ricos y pobres”, afirma Quiroga, y añade que es importante bregar por “una democracia cada vez mas pública con más leyes y menos decretos de necesidad y urgencia”.
“Una vez garantizados estos cambios fundamentales –sostiene– habría que pensar en una mejor inserción de Argentina en el mundo (resolver el conflicto con Uruguay por las pasteras y optimizar el posicionamiento del país en el Mercosur) y una más eficaz vinculación con otros países y centros financieros”.
Aunque el problema inflacionario es el de mayor repercusión masiva en el bolsillo de los consumidores, para el economista Tulio Cecconi, junto a ese ítem el nuevo gobierno debería encarar un fuerte programa de inversiones y desmontarse el sistema de regulaciones y controles de precios que ya se ha demostrado no sirvió para lograr el objetivo planteado. “Lejos de garantizar la estabilidad de los precios, esos controles además de los subsidios cruzados, han causado efectos negativos en dos de nuestras actividades más importantes: la ganadería y la lechería”.
Para Cecconi, el nuevo gobierno nacional deberá resolver también compromisos más exigentes referidos al pago de la deuda que Argentina tiene con los acreedores extranjeros: “Los que no aceptaron el canje de la deuda, el club de París y las empresas de servicios públicos que iniciaron una catarata de juicios, tras la devaluación”.
“Un tema pendiente de resolución desde 1994 es la discusión sobre la coparticipación federal, ya que la provincia de Santa Fe aporta 3.500 millones de pesos por año al producto bruto nacional y no recibe beneficios en la proporción que correspondería”, afirma el economista.
