La Cámara de Diputados aprobó en general este miércoles, pasadas las 21, el proyecto que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía Sudamericana de Valores (ex Ciccone). El jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, hizo una fuerte defensa del vicepresidente Amado Boudou, involucrado en un presunto caso de corrupción relacionado con la empresa gráfica.

El resultado en el cuerpo legislativo fue 145 votos a favor, provenientes del Frente para la Victoria, los habituales aliados y algunos opositores como Proyecto Sur; 77 votos en contra, del arco opositor encabezado por la UCR, el Frente Peronista y el PRO; y cinco abstenciones.

Durante la sesión, que se inició a las 12, el oficialismo respaldó junto a sus tradicionales aliados el proyecto, mientras que la oposición manifestó su rechazo a la propuesta y defendió, por separado, los cinco dictámenes de minoría impulsados por ese sector.

Además de los habituales aliados con los que el oficialismo alcanza los 140 votos, el Frente para la Victoria (FPV) sumaba los apoyos de los bloques opositores como Proyecto Sur, de Pino Solanas, y los que responden al cordobés Luis Juez y a Felipe Sola.

En tanto, la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, el socialismo, el GEN de Margarita Stolbizer y el Frente Peronista, se agruparon en contra de la sanción del proyecto.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, que el Senado aprobó la semana pasada, recibió dictamen el martes por la tarde en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Legislación General.

Al defender el proyecto como miembro informante del oficialismo, la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, sostuvo que la iniciativa "está dentro de los marcos constitucionales y es una actividad excluyente de este Congreso".

Además, cuestionó a la oposición al afirmar que "hace un show entre quiénes, siguiendo como borregos al señor (Héctor) Magnetto -CEO de Clarín-, hablan mal de nuestro vicepresidente".

En esa misma línea, el presidente del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, defendió a Boudou, acusado de estar implicado en una presunta negociación con la ex Ciccone para enriquecimiento personal ilícito. Aseguró que todo se trata de operaciones mediáticas generadas por el Grupo Clarín y La Nación, e instó a la oposición a no plegarse a esa movida.

Por su parte, el diputado Jorge Yoma (FpV) aclaró que "no estamos expropiando" sino declarando de utilidad pública a la empresa y aseguró que "hoy queremos recuperar para el Estado algo que nunca debimos haber perdido".

Entre los apoyos de los bloques aliados al kirchnerismo se destacó el del bloque Nuevo Encuentro, que a través de Juan Carlos Junio expresó: “Estamos discutiendo los problemas de la Patria. La discusión de fondo es ideológica, no moral. Apoyamos y saludamos esta decisión política de la Presidenta, coincide con nuestros ideales".

"Es de toda lógica que el Estado expropie y se haga cargo de una empresa con capacidad de fabricación de billetes y acuñación de moneda de curso legal, y mucho más en el marco de una crisis internacional grande y estructural", aseveró.

Desde el radicalismo, el diputado Ricardo Alfonsín consideró una "exageración la invocación que hace el oficialismo a la llamada soberanía monetaria".

El titular del bloque socialista, el rosarino Juan Carlos Zabalza, cuestionó la falta de debate y se preguntó: "¿No sería más normal una convocatoria a las diferentes estructuras políticas para poder concensuar y conocer las bases que fundamentan esta decisión?".

En tanto, el presidente del interbloque Frente Peronista, Enrique Thomas fundamentó la negativa de acompañar el proyecto al considerar que la expropiación impulsada por el oficialismo "es un rescate financiero y político".

Desde el PRO, Federico Pinedo dijo que "no estamos comprando máquinas, estamos expropiando una sociedad anónima”.

Entre otras cuestiones, el proyecto, de nueve artículos, establece la expropiación en los términos que fija la Constitución Nacional, con la cotización del Tribunal de Tasación de la Nación. Además, la norma garantiza que serán mantenidas las fuentes de trabajo y será contemplada la deuda que la Compañía de Valores Sudamericana mantiene con el Estado.