Sabrina Ferrarese / Ricardo Robins

Marisel está parada en la esquina de Iriondo y San Lorenzo, en la zona de la Terminal de Colectivos. Unos metros más lejos, en medio de la oscuridad que se afianza a medida que se aleja la ochava, la asesinaron a Sandra Cabrera un 27 de enero de 2004. “Las prostitutas, las pocas que quedamos en la calle, nos sentimos desprotegidas porque no la tenemos a ella”, asegura la mujer, que trabaja en ese lugar desde hace unos catorce años, cuando por entonces la “Sanjua”, así le decían a la militante de los derechos de las trabajadoras sexuales por su provincia de origen, se empezaba a ganar un lugar en el barrio.

El día del asesinato ella no estaba en su esquina y no vio qué pasó, pero recuerda que una de las últimas charlas que tuvo con Cabrera, cuando la dirigente gremial ya tenía custodia policial en la puerta de su casa porque gracias a sus denuncias se clausuró la whisquería Punta Cana y se relevó del cargo a los jefes de Moralidad Pública, le dijo: “Sandra, vos tenés un patrullero en la puerta, pero en la calle, ¿quién te cuida?”. “Ya sé, me van a pegar un tiro en la cabeza”, recuerda Marisa (nombre de ficción) que le reveló su amiga.

“Sandra sabía que corría riesgo, tenía muchos enemigos porque estaba metida en muchas cosas”, señala la mujer que pasó los 40 años y piensa en su retiro. “Pero no era para que la maten así, como a un perro. El sacrificio de ella y su ejecución fue en vano porque todas se borraron. Las compañeras estaban antes con ellas, pero ahora quedan muy pocas, porque no está ella, que era la que tenía los ovarios bien puestos para todo”, arroja.

De hecho, según confía Claudia Lucero, la actual titular de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), el gremio que creó Cabrera, del grupo de diez chicas que antes se acercaba al sindicato para la organización de actividades sólo quedan tres. “Muchas se fueron, algunas quedaron muy impactadas por la muerte y otras tienen miedo”, describe.

Los motivos sobran: el mensaje mafioso que se selló con un tiro en la nuca de la militante goza de impunidad en la Justicia y la causa va camino a ser archivada, las promesas de derogar los artículos del Código de Faltas que sirven de excusa a la Policía para extorsionar a las trabajadoras sexuales siguen vigentes a pesar de las promesas del gobierno provincial, los volteadores que Cabrera denunció trata de personas, venta de drogas y presencia de menores volvieron a abrir sus puertas (como Punta Cana, de calle Castellanos) y los jefes cómplices de la disuelta Moralidad Pública sólo fueron reubicados (Walter Miranda, por ejemplo, número dos de esa repartición corrupta, es el actual comisario de la seccional 1º, en pleno centro de la ciudad).

“Un día estaba en mi casa mirando televisión y vi la cara de Miranda, no podía creer que era comisario, sentí mucha bronca”, asegura Lucero, que pone en imágenes la a veces abstracta idea de impunidad, ante todo lo que rodea a uno de los asesinatos políticos más relevantes ocurridos en la provincia.

No denunciarás

“Las chicas tienen miedo, no denuncian”, señala la titular de Ammar, quien recuerda que el año pasado a una trabajadora que los uniformados la llevaron detenida, la golpearon y hasta le robaron, prefirió no hacer la denuncia. “Tengo miedo que venga el vuelto”, le explicó a Lucero.

La policía, cuenta la dirigente, ahora tiene distintas formas de aprovecharse de las mujeres en las esquinas. “Ya no está Moralidad, y es raro que las lleven detenidas, pero les ponen un patrullero al lado y no las dejan trabajar hasta que arreglan, o las persiguen cuando se sube algún cliente para sacarle plata”, señala.

“No creo que limpien la policía. Si (el ministro de Gobierno Roberto) Rosúa quiere depurar la fuerza, no tiene que mover a los policías corruptos de lugar, tienen que echarlos de la fuerza”, afirma. Y concluye: “Cuando pasó lo de Sandra se destaparon muchas cosas, pero en el fondo sigue igual”.