Pese a que se aprobó la ley de medios, la polémica entre el Ejecutivo nacional y las empresas de comunicación no termina. La disputa planteada alrededor de la nueva legislación de medios audiovisuales promete seguir en la Justicia.

Según publica este domingo el diario La Nación, en menos de quince días la demanda llegará a los Tribunales. Es que, la provincia de San Luis presentará un amparo directamente ante la Corte Suprema y los titulares de licencias de canales de televisión, cables, radios y asociaciones civiles ya estudian presentar decenas de amparos y otras demandas en todo el país.

En la madrugada de ayer, el Senado aprobó la ley en particular y como nunca, la norma número 26.522, fue ya publicada en una edición extraordinaria del Boletín Oficial. Incluso, la presidenta firmó la reglamentación en tiempo récord antes de partir rumbo a India.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, minimizó la importancia de las presentaciones judiciales y señáló que "no tendrán ningún sustento".

Sin embargo, a la presentación de San Luis se sumarán otras en distintos puntos del interior del país.

El propio empresario Daniel Vila, presidente del Grupo Uno y miembro de América TV, fue uno de los más duros cuestionadores al proyecto de ley K para los medios audiovisuales. El sábado, tras la sanción de esta norma, anticipó su intención de dar batalla en la Justicia contra la aplicación de la medida.

“Esta ley trae problemas, está mal redactada, tiene artículos repetidos, ni creo que fuera redactada por un abogado”, dijo en diálogo con FM Blue.

Por otra parte, consideró que “vamos a recurrir a la Justicia para impedir que no se aplique. Tiene varios artículos inconstitucionales. Sin judicialización habrá despidos”.

“¿Qué pasa si en un año no vendo mi empresa?, preguntó Vila respecto del artículo que fija en ese tiempo el plazo para desprenderse de los activos excedentes de acuerdo con la nueva ley. “Tendré que bajar la persiana, pagar las indemnizaciones y despedir gente”, amenazó.

Finalmente, dijo que en la Argentina hay inseguridad jurídica y se ponen límites a la inversión.