El conflicto con las familias que viven en Ituzaingó al 60 bis amenaza con tener una nueva escalada violenta este viernes, si finalmente se produce el desalojo por la fuerza ordenado por la Justicia. Según reconoció el director provincial de Audiencias, Marcelo Beltrán –quien formó parte de las negociaciones con los manifestantes–, “estamos muy preocupados” por lo que pueda pasar esa jornada.

Beltrán aseguró que el gobierno provincial intercedió y ofreció un nuevo lugar a las 24 familias que ocupan de forma irregular ese predio privado. Concretamente ofrecieron construir nuevas viviendas y hasta que estén terminadas, es decir durante unos ocho meses, otorgarles un subsidio de 850 pesos para que renten algún espacio de forma transitoria.

Sin embargo, al menos ocho familias rechazaron esa oferta y aseguraron estar dispuestos a resistir el desalojo ordenado por la Justicia para este viernes a la madrugada (en principio a las 5.30). De hecho, la Policía ya montó un operativo con 300 efectivos para garantizar esa orden que hasta este miércoles a la tarde estaba en pié y no había en principio nuevas negociaciones a la vista.

“Nosotros ya hemos intermediado y hemos tenido varias audiencias públicas”, aseguró Beltrán en diálogo con el programa de Radio 2, Radiópolis, y aclaró además que la resolución del problema “dependerá del señor juez quien ya hizo llegar el oficio a los moradores de ese asentamiento de que el viernes 20 se haría el desalojo”. 

“Estamos en contacto permanente con el juez para que conozca el avance diario de las negociaciones y tome las decisiones correspondientes”, dijo el director provincial, quien reconoció estar al tanto de que el grupo de familias que no aceptó la oferta amenazó con resistir el desalojo.

Pedido entre llantos

Por su parte, Alejandra, una de las vecinas que rechazó el convenio con la provincia por “desconfianza”, pidió entre llantos “que frenen el desalojo, que no se vengan tantos policías”.

Alejandra contó su situación a Radiópolis: dijo que vivía con su madre pero al quedar embarazada se mudó a ese predio ubicado en Ituzaingó y Esmeralda hace dos años y medio. Reconoció ser “usurpadora” pero recordó que el lugar era un basural y no estaba cercado, sino abandonado. La firma dueña del predio sería, según denunciaron los representantes legales de los vecinos, Miguel Naidich SACI.

Sobre la oferta provincial, señaló que los 850 pesos no le sirven porque para alquilar le piden recibos de sueldo y garantías propietarias que ella carece. Además, aseguró: “¿Cómo le vamos a creer a ese gente, si no cumplieron?”, en relación a una frustrada expropiación del lugar, que les hubiese permitido quedarse allí.

“Nosotros no queremos plata, lo que pedimos es que frenen el desalojo hasta que estén terminadas las viviendas”, aseveró la mujer, quien dijo tener miedo pero estar dispuesta a quedarse en su casa con sus dos hijos a pesar de los “300 policías que nos mandaron”. “Vamos a tener que resistir y que pase lo que pase”, agregó.