El extenso conflicto producido entre el campo y el gobierno nacional dejó secuelas profundas en la economía de todas las provincias, en especial de las más afectadas por la paralización de las exportaciones agropecuarias, como Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Pero la reactivación ya se empieza a ver: en Puerto General San Martín, por ejemplo, este lunes ingresaron a las ciudad alrededor de 6 mil camiones y generaron un caos en la circulación de la ciudad.

Corte en la cadena de pagos, cierre provisorio de comercios, suspensión de personal o adelantamiento de las vacaciones del mismo, atraso en el pago de tributos y contracción de la demanda de productos y servicios son sólo algunos de los síntomas que provocó en las ciudades y pueblos santafesinos el interminable forcejeo entre las entidades del campo y el gobierno de Cristina Kirchner por las retenciones, que comenzó a cerrarse este lunes, a partir de la publicación del decreto derogatorio de la Resolución 125 en el Boletín Oficial.

“Si bien, el daño que nos causó el conflicto fue mucho, a partir de hoy respiramos aliviados porque sufrimos un enfriamiento sostenido y preocupante en todas las ramas de nuestra economía”, aseguró el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, del Frente Progresista Cívico y Social (FPCS), a Rosario3.com..

Las ciudades de San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín cobran una tasa de estacionamiento a los camiones que ingresan al puerto, “cuya finalidad –explica Raimundo– es la de mantener el estado de los accesos, ante la falta de aportes procedentes de la provincia y la Nación. Durante los últimos tres meses, hemos dejado de cobrar ese importe, lo cual junto a la baja de la recaudación del Derecho de Registro e Inspección (Drei), que cayó más del 25 por ciento, constituyó un perjuicio muy pronunciado en el municipio”.

En Puerto General San Martín, otro de los centros más productivos del cordón industrial, el impacto de la reactivación no se hizo esperar. Este lunes ingresaron a las ciudad alrededor de 6 mil camiones y generaron un caos en la circulación de la ciudad. “Si bien en época de cosecha entran hasta 10 mil camiones diarios –dijo Carlos De Grandis (PJ), intendente de la ciudad– el cambio se notó en el primer día hábil luego de la derogación de la resolución 125, y esto repercutirá sin dudas, en la recaudación del municipio, ya que durante los tres meses que duró el conflicto, la Municipalidad se vio impedida de cobrar, además de la tasa de estacionamiento, el canon que paga cada empresa por el consumo de gas y energía eléctrica”.

Serodino

Una situación similar se vive en la localidad de Serodino, ubicada en el departamento Iriondo, en el sur/centro de la provincia que cuenta con 3.800 habitantes empadronados, cuyas actividades económicas se vieron afectadas de manera directa por la crisis del campo.

“Desde este lunes notamos un repunte en la recaudación que estaba realmente parada”, afirmó la presidenta comunal, Mónica Stumpo (PJ), quien explicó que en forma lenta todo se empieza a mover y hay más esperanza en la gente.

“Yo estoy muy contenta con lo ocurrido, porque demostró que el Parlamento cuenta y que los legisladores existen”, pero aclaró que de ahora en adelante, será necesario que se genere un plan agrario para la región y se agilice el diálogo entre el gobierno nacional y el interior”.

La localidad es una de las pocas en la región que cuenta con una empresa propia de transporte de larga distancia que le sirve para vincular a sus habitantes con centros de estudio, de trabajo y de salud, y esta actividad también sintió el cimbronazo de la crisis. “Además del transporte que da trabajo a muchos habitantes, el impacto alcanzó a los camioneros, que vieron reducidos sus ingresos, a los empleados del peaje de La Ribera (algunos fueron despedidos), y hasta a las farmacias que debieron entregar medicamentos que la gente no podía pagarles.

¿A dónde va la plata de las retenciones?

Mucho se ha argumentado acerca del destino final de los fondos procedentes de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y lo que más inquieta a las autoridades comunales es su carácter no coparticipable. “San Lorenzo y su zona de influencia participan del 60 por ciento de la producción exportable del país y ¿qué recibe a cambio? –se pregunta Raimundo, y se contesta con cierta molestia–: rutas rotas, falta de obra pública y accesos a la ciudad prácticamente destruidos, sin que de la Nación o de la provincia, llegue algún recurso que devuelva a la zona algo de lo mucho que aporta”.

“Las retenciones a las exportaciones son importantes –aseguró Stumpo– sí como lo es la distribución de la riqueza, siempre y cuando se haga con seriedad y responsabilidad; pero francamente no creo que se construyeran las escuelas y los hospitales que se anunciaron el mes pasado cuando se querían justificar las retenciones móviles del 44 por ciento”.

La funcionaria también demandó al gobierno provincial el aporte que, aunque exiguo, efectúa en forma mensual al SAMCO de Serodino. “Nos mandan apenas mil pesos, que no alcanzan para mucho; pero desde marzo, ya sea por una coma o por un punto, dejaron de mandar el subsidio”. La presidenta comunal explicó que la localidad está situada en una zona geográfica muy baja, donde confluyen las aguas de otros pueblos como Clarke o Totoras, y cada vez que padecen inundaciones, tienen que defenderse con recursos propios, ya que no pueden afrontar las millonarias obras de desagüe necesarias para prevenirlas.

El mismo panorama se vive en Puerto General San Martín, donde su intendente reclama obras y accesos acorde al movimiento y a la actividad agroexportadora que desarrolla. “No puede ser que no tengamos una entrada desde la autopista a Santa Fe, y que los camiones deban ingresar primero, por San Lorenzo Norte –protestó De Grandis– y después acceder a nuestra ciudad”.

El municipio aguarda la realización de las obras pautadas en el Plan Circunvalar, entre las cuales se incluyen los anillos o “rulos” que cumplan esta finalidad y eviten la circulación del tránsito pesado por la ruta 11.

“Estoy de acuerdo con que haya retenciones, pero al mismo tiempo sería bueno que el gobierno nacional le haga llegar el dinero a las provincias y éstas a su vez, lo distribuyan entre pueblos y ciudades, porque son los intendentes y presidentes comunales quienes efectivamente conocen lo que necesita la gente y cuáles son sus prioridades”.