Férreo opositor a la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, el titular del bloque de senadores de la UCR, Ernesto Sanz, se mostró satisfecho con la labor realizada ayer durante la primera audiencia pública desarrollada en el plenario de comisiones. Para el legislador, el Senado aprovechó “la oportunidad de ponerse los pantalones largos” y celebró la discusión encarada acerca de la conformación de la autoridad de aplicación. En ese punto, remarcó una cuestión fundamental que, entiende, se le escapó a los diputados y no puede pasar lo mismo en el Senado: en las ciuadades de más de 500 mil habitantes las licencias para medios de frecuencia abierta que tengan un alcance mayor a 50 kilómetros las otorgaría directamente el Poder Ejecutivo, sin participación de la comisión que se armará para controlar cómo se aplica la ley.
Este jueves, el proyecto por la nueva ley de medios dio que que hablar. Es que mientras el gobierno defendió la iniciativa, los cuestionamientos de la oposición avanzaron, sobre todo, en torno al plazo de un año que tendrán los licenciatarios de radio y TV para adecuarse a la nueva norma y a la formación de la autoridad de aplicación, a la que criticaron por falta de pluralidad y representación.
En diálogo con el periodista Luis Novaresio (Diez Puntos, Radio 2), Sanz remarcó la necesidad de analizar con minucia el proyecto: “No puede pasar como en Diputados, en forma tumultuosa, con un debate de 5 minutos. Esta vez el Senado aprovechó la oportunidad que tenía de ponerse los pantalones largos”, graficó.
“La ley debe ser modificada, no puede votarse a libro cerrado”, insistió el senador, quien destacó el avance en dos cuestiones: “El primer logro es haberla podido discutir en cuatro comisiones y la segunda cuestión es que se descubrieron, gracias al debate, perlas fenomenales como la de las autoridades de aplicación”.
En ese sentido explicó: “No nos habíamos dado cuenta que para las ciudades con más de 500 mil habitantes – concentran el 70 por ciento de la población del país– se reserva al Poder Ejecutivo” las decisiones para conceder licencias para frecuencias abiertas. Es decir que en ciudades como Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba o Bahía Blanca el presidente de turno, sin consultar a nadie, puede decidir si se da o no una licencia a un medio.
El artículo en cuestión es el 32 y textualmente dice lo siguiente sobre la "adjudicación de licencias para servicios que utilizan espectro radioeléctrico": "Las licencias correspondientes a los servicios de radiodifusión no satelitales que utilicen espectro radioeléctrico, contemplados en esta ley, serán adjudicadas, mediante el régimen de concurso público abierto y permanente. Las licencias para servicios de radiodifusión abierta cuya área primaria de servicio supere los CINCUENTA (50) kilómetros y que se encuentren localizadas en poblaciones de más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes, serán adjudicadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL. Las correspondientes a los restantes servicios de comunicación audiovisual abierta y servicios de comunicación audiovisual por suscripción que utilicen vínculos radioeléctricos no satelitales y que se encuentren planificadas, serán adjudicadas por la Autoridad de Aplicación. En todos los casos y en forma previa a la adjudicación se requerirá informe técnico de los organismos competentes".
“En el Senado, los elefantes no pasaron por la puerta”, dijo con ironía Sanz, haciendo referencia a los detalles de la ley que no fueron consultados ni discutidos en Diputados.
Este jueves, el proyecto por la nueva ley de medios dio que que hablar. Es que mientras el gobierno defendió la iniciativa, los cuestionamientos de la oposición avanzaron, sobre todo, en torno al plazo de un año que tendrán los licenciatarios de radio y TV para adecuarse a la nueva norma y a la formación de la autoridad de aplicación, a la que criticaron por falta de pluralidad y representación.
En diálogo con el periodista Luis Novaresio (Diez Puntos, Radio 2), Sanz remarcó la necesidad de analizar con minucia el proyecto: “No puede pasar como en Diputados, en forma tumultuosa, con un debate de 5 minutos. Esta vez el Senado aprovechó la oportunidad que tenía de ponerse los pantalones largos”, graficó.
“La ley debe ser modificada, no puede votarse a libro cerrado”, insistió el senador, quien destacó el avance en dos cuestiones: “El primer logro es haberla podido discutir en cuatro comisiones y la segunda cuestión es que se descubrieron, gracias al debate, perlas fenomenales como la de las autoridades de aplicación”.
En ese sentido explicó: “No nos habíamos dado cuenta que para las ciudades con más de 500 mil habitantes – concentran el 70 por ciento de la población del país– se reserva al Poder Ejecutivo” las decisiones para conceder licencias para frecuencias abiertas. Es decir que en ciudades como Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba o Bahía Blanca el presidente de turno, sin consultar a nadie, puede decidir si se da o no una licencia a un medio.
El artículo en cuestión es el 32 y textualmente dice lo siguiente sobre la "adjudicación de licencias para servicios que utilizan espectro radioeléctrico": "Las licencias correspondientes a los servicios de radiodifusión no satelitales que utilicen espectro radioeléctrico, contemplados en esta ley, serán adjudicadas, mediante el régimen de concurso público abierto y permanente. Las licencias para servicios de radiodifusión abierta cuya área primaria de servicio supere los CINCUENTA (50) kilómetros y que se encuentren localizadas en poblaciones de más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes, serán adjudicadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL. Las correspondientes a los restantes servicios de comunicación audiovisual abierta y servicios de comunicación audiovisual por suscripción que utilicen vínculos radioeléctricos no satelitales y que se encuentren planificadas, serán adjudicadas por la Autoridad de Aplicación. En todos los casos y en forma previa a la adjudicación se requerirá informe técnico de los organismos competentes".
“En el Senado, los elefantes no pasaron por la puerta”, dijo con ironía Sanz, haciendo referencia a los detalles de la ley que no fueron consultados ni discutidos en Diputados.
