Sin demasiadas ganas de hacerlo –"no quiero darle trascendencia", explicó–, el intendente Miguel Lifschitz salió a descalificar las denuncias de Héctor Cavallero sobre desmanejos financieros en el Servicio Público de la Vivienda municipal, algo que ya había hecho su secretario de Gobierno, Juan Carlos Zabalza. "Es una nueva mentira de las que ya nos tiene acostumbrados Cavallero", afirmó Lifschitz.

El intendente dijo que lo único que busca el Tigre es rédito político y eso se evidencia por el lugar en el que lanzó su primera deuncia: a la salida de una reunión con el gobernador Jorge Obeid y tras confirmar que el Partido del Progreso Social participará en un frente con el PJ en la próxima elección provincial.

Ayer fue Zabalza quien respondió a las denuncias sobre manejos turbios de fondos del Plan Habitat que lanzó  Cavallero. El funcionario le dijo a Rosario3.com que espera que la serie de denuncias de corrupción que arrojó el Tigre "se concreten en la Justicia". "No conozco objetivamente esas declaraciones, pero el Plan Rosario Habitat funciona con auditorías y con rendiciones o balances aprobados por la Auditoria General de la Nación (AGN). De modo que el Banco Interamericano de Desarrollo no podría continuar con el flujo de recursos si no esta aprobado el anterior", replicó Zabalza.

"Desconozco el tenor de lo que dijo, pero espero que se concrete en una denuncia ante la Justicia", agregó el funcinario, a la vez que aseguró no tener "ninguna duda" de que hay "cuestiones políticas" en las denuncias del ex intendente. Estamos en una época política; además hizo estas declaraciones cuando salió de una entrevista con el gobernador (Jorge Obeid), donde se habló de su participación en un frente político, así que no tengo ninguna duda de que hay política en el medio", se explayó.

Cavallero había realizado una denuncia pública por el manejo irregular de 2.200.000 dólares provenientes de créditos del BID destinados al programa de viviendas que administra el Servicio Público de la Vivienda (SPV) de la Municipalidad (cuyo titular, Gerardo Barro, salió a refutar las acusaciones). Pero durante la mañana, el Tigre redobló la apuesta: sumó algunos nombres de funcionarios y empleados municipales que, pese a esta condición, cobraron honorarios del programa. Señaló a Daniel Fabián González (inspector de la Dirección de Arquitectura Hospitalaria), Alejandra Noemí Stamatti (coordinadora del Área de Servicios Urbanos del Distrito Oeste) y Adriana Salomón (coordinadora del Plan Hábitat) como algunas de las personas que cobraron generosos honorarios a pesar de ser, a la vez, funcionarios o personal de planta de la Municipalidad.

En sus denuncias, Cavallero no involucró a Gerardo Barro, actual titular del SPV, quien salió a refutar por Radio 2 las denuncias del Tigre, a las que le adjudicó, lisa y llanamente, carácter de absoluta "especulación política" en el marco de la próxima campaña electoral. En el mismo tono se había expresado, días atrás, el intendente Miguel Lifschitz. Barro aseguró que todos los manejos de fondos del SPV son verificados por el Tribunal de Cuentas y que nunca se detectaron irregularidades.

Pero Cavallero mencionó un informe de la Auditoría General de la Nación de mayo de 2004 en el que, dijo, se detectaron anomalías y en el que se señala el rubro "Misceláneas", a través del cual según el titular del PPS se justificaron los supuestos pagos irregulares, como "inexistente". Cavallero aseguró que bajo ese rótulo ("Misceláneas") se pagaron en el año 1999 49.750 dólares ("tenía que ser menos de 50 mil para que el BID no sometiera los fondos a un control más exhaustivo", señaló), por ejemplo, a Daniel Fabián González, que era a la vez inspector de la Dirección de Arquitectura Hospitalaria.

La misma cifra, afirmó el Tigre, es la que le correspondió, también ese año, a Alejandra Noemí Stamatti. Que recibió otro pago, siempre según el informe de Cavallero, 35.500 dólares unos meses después. Otro caso que mencionó el líder del PPS es el de la arquitecta Adriana Salomón, que figuraba como coordinadora del Plan Hábitat y también como beneficiaria de fondos provenientes del BID, pero en su carácter de integrante de la Fundación Pro Hábitat XXI.

Cavallero dijo que estos son algunos datos y que ampliará la denuncia en una presentación en la Justicia.