Adoptar siempre fue un trámite complejo. Desde hace dos años y por una indefinición en la ley de protección de la niñez en Santa Fe es aún más complicado, según denuncian especialistas. Es que a la falta de un registro de adopciones se suma la incertidumbre de los jueces, que no tienen claro si son competentes para autorizar los procedimientos. Y además, todavía se está definiendo en la provincia la adecuación a la ley nacional 26.061 de niñez adolescencia y familia.
El panorama se presenta complejo. La ley nacional traslada los trámites civiles de la infancia al Poder Ejecutivo (el Estado provincial) y se los saca a los jueces. El gobierno santafesino está trabajando en el asunto y mantiene reuniones con la gestión nacional pero aún no hay definiciones.
En el plano legislativo está demorada la ley provincial de protección integral de la infancia. Allí se debate en qué grado los jueces se harán cargo de trámites como la adopción. Se debe determinar si se encargarán de todo el trámite o si legalizarán un proceso iniciado por el Estado y que ellos completarán. En el medio, chicos en instituciones o con familias en riesgo no son adoptados porque los jueces no actúan ya que argumentan incompetencia por la nueva ley nacional.
La nueva ley de niñez
La ley nacional 26.061 de niñez, adolescencia y familia, sostiene que la tutela de los menores abandonados no puede quedar en los jueces sino que recae en órganos administrativos del Estado. En este marco, muchos magistrados dicen sentirse no avalados para aprobar trámites de adopción.
Mirta Mangione, directora del centro de investigaciones de derechos en niñas, niños y adolescentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, explicó a Rosario3.com que cuando se sancionó el código de procedimientos en la provincia se debatió muy fuertemente si eran los jueces de menores o los de familia quienes debían intervenir en las adopciones.
“La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe determinó a través de un fallo de hace unos 8 años que los jueces de familia intervenían cuando la madre entrega a un niño en adopción y los jueces de menores cuando debía realizarse una declaración de abandono”, detalló la especialista.
"Al sancionarse la ley nacional 26.061 de niñez, adolescencia y familia, se saca la tutela de los menores abandonados de los jueces y se les otorga al Estado provincial que debe tener una dirección que se haga cargo", agregó.
“La dirección provincial puede dar en adopción, pero traslada a los jueces para que legalicen la situación. Y los magistrados en muchas oportunidades dicen no tener competencia y aseguran no poder declarar el abandono de los menores u otorgar en adopción a un chico que está en una institución”, sostuvo Mangione.
Es por eso que la Corte Suprema de la provincia vuelve a emitir un fallo en el que determina –basándose en el fallo anterior– que los jueces de familia no tienen competencia, aunque sí los de menores. Sin embargo, éstos dicen no estar amparados por la nueva ley nacional.
“Hay una laguna legislativa enorme. Muchos jueces terminan actuando pero sabiendo que lo hacen fuera de la ley. Con el tema adopciones hay un caos. A una mamá con oligofrenia o una mujer gravemente enferma, se le debe sacar al chico porque no está en condiciones de tenerlo pero los jueces no se quieren hacer cargo”, explicó Mangione y agregó que, si bien la nueva ley de protección integral es de avanzada, deja algunos huecos porque “no se pensó en la transición”.
Para la docente de la UNR, “el panorama es caótico” y “los jueces actúan cuando tienen ganas y si no dicen que la ley no los ampara”.
El juez y el Estado
La subsecretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Marcela D´Angelo reconoció que se están realizando encuentros de trabajo con el gobierno nacional para tratar el tema adopciones. “Hubo una reunión hace diez días en la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia (Senaf) por el tema de adopciones y la necesidad de avanzar en la puesta en funcionamiento de las estructuras y programas a partir de la nueva ley 26.061”, explicó a Rosario3.com.
Especialistas en la materia sostienen que la nueva ley nacional pasa agunas problemáticas de niñez y familia del Poder Judicial al Ejecutivo para desjudicializar la pobreza. Es decir, saca los problemas civilies de mano de los jueces para que se haga cargo el Estado, el Poder Ejecutivo.
Aclaran que como en Santa Fe aún está vigente el Código de Procedimientos de Menores, algunos jueces trabajan con ese código (aún no derogado) y otros con la nueva ley nacional. Y es por eso que no queda muy claro cuál es la competencia de los magistrados en el tema adopción.
Una ley provincial
En la legislatura provincial hay un proyecto que adecúa la legislación provincial a la ley 26.061. Sin embargo, según la diputada socialista, Lucrecia Aranda, "nunca se trató porque el justicialismo que tenía la mayoría no lo habilitó y el ex gobernador Jorge Obeid envió otro proyecto al Senado sabiendo que en Diputados se avanzaba en otro sentido".
Aranda se mostró confiada en próximamente la ley provincial de protección Integral de la Niñez tenga despacho favorable y llegue al recinto. “Hay un proyecto de creación del registro de adopciones en Santa Fe y otro de la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes”, dijo.
Lo que se debate en la nueva ley local es “si el juez va a actuar como garante final de un proceso que inicia un órgano administrativo del estado o si el proceso judicial completo está a cargo de un juez”. “Sin embargo –aclaró la diputada– siempre va a intervenir un juez en la guarda o en la adopción de los menores”.
“El consenso mayoritario que hay en la cámara de Diputados es que los jueces de familia se hagan cargo de los asuntos civilies (como el tema adopciones) y que los jueces de menores se hagan cargo de los asuntos penales”, agregó Aranda.
Además, sostuvo que “hay un cambio en las reglas de juego y es lógico que los jueces demanden una definición legal porque tienen que seguir actuando. Hay una necesidad de adecuar una normativa”.
El panorama se presenta complejo. La ley nacional traslada los trámites civiles de la infancia al Poder Ejecutivo (el Estado provincial) y se los saca a los jueces. El gobierno santafesino está trabajando en el asunto y mantiene reuniones con la gestión nacional pero aún no hay definiciones.
En el plano legislativo está demorada la ley provincial de protección integral de la infancia. Allí se debate en qué grado los jueces se harán cargo de trámites como la adopción. Se debe determinar si se encargarán de todo el trámite o si legalizarán un proceso iniciado por el Estado y que ellos completarán. En el medio, chicos en instituciones o con familias en riesgo no son adoptados porque los jueces no actúan ya que argumentan incompetencia por la nueva ley nacional.
La nueva ley de niñez
La ley nacional 26.061 de niñez, adolescencia y familia, sostiene que la tutela de los menores abandonados no puede quedar en los jueces sino que recae en órganos administrativos del Estado. En este marco, muchos magistrados dicen sentirse no avalados para aprobar trámites de adopción.
Mirta Mangione, directora del centro de investigaciones de derechos en niñas, niños y adolescentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, explicó a Rosario3.com que cuando se sancionó el código de procedimientos en la provincia se debatió muy fuertemente si eran los jueces de menores o los de familia quienes debían intervenir en las adopciones.
“La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe determinó a través de un fallo de hace unos 8 años que los jueces de familia intervenían cuando la madre entrega a un niño en adopción y los jueces de menores cuando debía realizarse una declaración de abandono”, detalló la especialista.
"Al sancionarse la ley nacional 26.061 de niñez, adolescencia y familia, se saca la tutela de los menores abandonados de los jueces y se les otorga al Estado provincial que debe tener una dirección que se haga cargo", agregó.
“La dirección provincial puede dar en adopción, pero traslada a los jueces para que legalicen la situación. Y los magistrados en muchas oportunidades dicen no tener competencia y aseguran no poder declarar el abandono de los menores u otorgar en adopción a un chico que está en una institución”, sostuvo Mangione.
Es por eso que la Corte Suprema de la provincia vuelve a emitir un fallo en el que determina –basándose en el fallo anterior– que los jueces de familia no tienen competencia, aunque sí los de menores. Sin embargo, éstos dicen no estar amparados por la nueva ley nacional.
“Hay una laguna legislativa enorme. Muchos jueces terminan actuando pero sabiendo que lo hacen fuera de la ley. Con el tema adopciones hay un caos. A una mamá con oligofrenia o una mujer gravemente enferma, se le debe sacar al chico porque no está en condiciones de tenerlo pero los jueces no se quieren hacer cargo”, explicó Mangione y agregó que, si bien la nueva ley de protección integral es de avanzada, deja algunos huecos porque “no se pensó en la transición”.
Para la docente de la UNR, “el panorama es caótico” y “los jueces actúan cuando tienen ganas y si no dicen que la ley no los ampara”.
El juez y el Estado
La subsecretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Marcela D´Angelo reconoció que se están realizando encuentros de trabajo con el gobierno nacional para tratar el tema adopciones. “Hubo una reunión hace diez días en la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia (Senaf) por el tema de adopciones y la necesidad de avanzar en la puesta en funcionamiento de las estructuras y programas a partir de la nueva ley 26.061”, explicó a Rosario3.com.
Especialistas en la materia sostienen que la nueva ley nacional pasa agunas problemáticas de niñez y familia del Poder Judicial al Ejecutivo para desjudicializar la pobreza. Es decir, saca los problemas civilies de mano de los jueces para que se haga cargo el Estado, el Poder Ejecutivo.
Aclaran que como en Santa Fe aún está vigente el Código de Procedimientos de Menores, algunos jueces trabajan con ese código (aún no derogado) y otros con la nueva ley nacional. Y es por eso que no queda muy claro cuál es la competencia de los magistrados en el tema adopción.
Una ley provincial
En la legislatura provincial hay un proyecto que adecúa la legislación provincial a la ley 26.061. Sin embargo, según la diputada socialista, Lucrecia Aranda, "nunca se trató porque el justicialismo que tenía la mayoría no lo habilitó y el ex gobernador Jorge Obeid envió otro proyecto al Senado sabiendo que en Diputados se avanzaba en otro sentido".
Aranda se mostró confiada en próximamente la ley provincial de protección Integral de la Niñez tenga despacho favorable y llegue al recinto. “Hay un proyecto de creación del registro de adopciones en Santa Fe y otro de la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes”, dijo.
Lo que se debate en la nueva ley local es “si el juez va a actuar como garante final de un proceso que inicia un órgano administrativo del estado o si el proceso judicial completo está a cargo de un juez”. “Sin embargo –aclaró la diputada– siempre va a intervenir un juez en la guarda o en la adopción de los menores”.
“El consenso mayoritario que hay en la cámara de Diputados es que los jueces de familia se hagan cargo de los asuntos civilies (como el tema adopciones) y que los jueces de menores se hagan cargo de los asuntos penales”, agregó Aranda.
Además, sostuvo que “hay un cambio en las reglas de juego y es lógico que los jueces demanden una definición legal porque tienen que seguir actuando. Hay una necesidad de adecuar una normativa”.
